Cuestionan el acuerdo con las FARC sobre víctimas
EL PROCURADOR GENERAL DE COLOMBIA, ALEJANDRO ORDÓÑEZ, UN FUERTE OPOSITOR A LAS CONVERSACIONES DE PAZ CON LAS FARC, AFIRMÓ HOY QUE EL ACUERDO SOBRE VÍCTIMAS, QUE INCLUYE LA JUSTICIA TRANSICIONAL, ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC EN EL MARCO DE LAS NEGOCIACIONES DE PAZ «NO OTORGA SEGURIDAD JURÍDICA» Y CONSTITUYE, EN CAMBIO, UNA MANIFESTACIÓN «A FAVOR DE LOS VICTIMARIOS Y DE LA IMPUNIDAD».
Para Ordóñez, con el acuerdo anunciado el martes en La Habana «se blinda a los capos de las FARC ante la justicia norteamericana».
El pasado martes los negociadores del Gobierno y de las FARC firmaron el acuerdo sobre víctimas, que incluye la creación del mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que aparecía como uno de los puntos más complejos de la negociación.
El sistema integral de justicia estará integrado por cinco mecanismos, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.
El acuerdo no es «a favor de las víctimas ni de la justicia, sino de los victimarios y la impunidad» y los negociadores de esa guerrilla no se movieron «un milímetro y el Gobierno terminó por someterse a sus exigencias», se quejó Ordóñez, para quien las sanciones pactadas son «una comedia, una parodia y un truco».
El Ejecutivo y las FARC establecieron que cuando termine el conflicto armado podrá otorgarse una amplia amnistía, pero no podrán beneficiarse de esta medida ni habrá indultos para quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra o violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, Ordóñez dijo hoy que «por tratarse de una situación de impunidad es claro que la ausencia de reclusión activará la competencia de la Corte Penal Internacional, al no cumplir con el derecho internacional», por lo que «el acuerdo de justicia no ofrece seguridad jurídica».
Sobre una eventual participación política de las FARC, el procurador dijo que eso también supone su impunidad, puesto que en caso de ser sancionados no podrían tener acceso a ser representantes.
Por último, también criticó que las FARC no se comprometan a entregar su fortuna, para cuyo cálculo se basó en un informe de Forbes que califica a esa guerrilla como el tercer grupo terrorista del mundo que más dinero obtiene y lo que considera «impunidad total para el narcotráfico».
«El acuerdo establece bases para que se reconozca como conexos (el narcotráfico, la minería y el lavado de activos) con el delito político», concluyó.
«Como si eso fuera poco, el acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y ‘Timochenko’, da el derecho a los victimarios de escoger el tipo de trabajo comunitario que quieren hacer. Sanción a la carta. Sí, los condenados pueden proponer la sanción de la obra, actividad o trabajo que les apetezca. ¿Qué más quieren?», se preguntó con ironía.
Finalmente, el procurador advirtió sobre lo que consideró imprecisiones del acuerdo, como la mención a la aplicación cobija a «todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado».
«¿Cuáles son esos otros actores? ¿Están comprendidos los miembros de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia? ¿Las Bandas Criminales del Narcotráfico, Bacrim? ¿Los parapolíticos? Los acuerdos deben ser absolutamente claros, precisos, sin ambigüedades!», expresó.
