Del Potro investigado por evasión
La Justicia Federal investiga al tenista Juan Martín Del Potro por el delito de «evasión fiscal agravada», al no pagar más de un millón de pesos correspondientes al impuesto a las ganancias durante el año 2010, según indicaron fuentes judiciales.
La denuncia se radicó en el Juzgado Federal de Azul Nº 1, a cargo de Martín Bava.
La evasión fiscal agravada prevé penas de hasta 9 años de prisión. En la denuncia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es querellante.
El reconocido tenista desvió mediante cesión gratuita sus ingresos por garantías de participación en torneos y derechos de explotación de su imagen hacia la sociedad uruguaya Bongarden S.A. propiedad de sus padres.
El dinero que recibía la firma uruguaya luego era ingresado al patrimonio del tenista mediante préstamos contraídos con esa firma uruguaya.
Bongarden S.A recibió 3,57 millones de dólares en 2010 por los contratos con las empresas Wilson, Rolex, Nike, Sony, Coca-Cola y Visa.
En ese mismo año Del Potro recibió “préstamos” de Bongarden S.A por 982.750 dólares (3,95 millones de pesos a cambio de ese año), que carecían de fecha de vencimiento y de pago de intereses. El tenista los imputó en su declaración jurada de Ganancias para reducir el monto a abonar al fisco.
Ese dinero lo utilizó para solventar los gastos de la recuperación de la lesión en su muñeca que padeció a fines de 2009 y para invertir en dos empresas, Agrocomercial Tandil SA y Agroganadera Reconquista SA.
Lo llamativo de la denuncia es que Del Potro firmó el contrato de cesión de sus derechos de imagen por una década el 31 de diciembre de 2009 –año en que ganó su único Grand Slam, el US Open– pero lo hizo con con fecha retroactiva al 1º de enero de 2009. Sin embargo ya aparecía mencionado en el balance de la sociedad, que había cerrado tres meses antes de rubricarlo.
En la expediente consta que la información aportada por la AFIP indica “si el impuesto argentino hubiera sido liquidado correctamente en momento oportuno, Del Potro debería haber pagado 3.682.492 pesos al Fisco argentino”.
En el expediente judicial consta que la ocultación maliciosa de su obligación al no presentar en tiempo y forma su declaración jurada y luego en la presentación -extemporánea por parte del contribuyente- de una declaración jurada engañosa o falsa que no revelaban la verdadera capacidad contributiva, como consecuencia de lo cuál, ingresó un saldo de impuesto menor al que hubiera debido.
Además el contribuyente no sólo omitió la presentación de la DDJJ a su vencimiento y posterior presentación de una declaración jurada engañosa para ocultar su real capacidad contributiva, sino que para hacerlo se valió de la utilización de una sociedad off shore uruguaya.
