Hace un año los buitres conseguían fallo a favor en la Justicia de EEUU
Hace exactamente un año, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó tratar la apelación presentada por el Gobierno argentino, y así habilitó al juez neoyorquino Thomas Griesa para aplicar su fallo de 2012 que obliga a la Argentina a pagarles a los fondos buitre.
Desde ese día, Griesa apuntó a efectivizar su fallo que dictamina pagarles a los fondos buitre NML, Aurelius, Blue Angel y otros inversores, el 100% de la deuda de 1.330 millones de dólares actualizables.
Pese a que los buitres, como parte de su práctica habitual, compraron bonos argentinos en default a precios usurarios para luego litigar para cobrar el 100%, Griesa les dio la razón para cobrar en igual forma que los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.
En ese intento, el juez nombró al abogado Daniel Pollack, abogado especialista en litigios financieros, para mediar entre las partes para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, los funcionarios argentinos denunciaron prácticamente desde el inicio de las negociaciones, la intención de Pollack de favorecer a los buitres.
Lejos de previsiones agoreras, el default técnico de los bonos alcanzados por el fallo de Griesa, no provocó efectos indeseados en la economía doméstica. Tampoco afectó la gestión del Gobierno, que continuó con sus políticas presupuestarias e inclusive logró colocar nueva deuda en el exterior, al igual que la nacionalizada YPF.
Ayer, al recordar el rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Cristina fustigó a los dirigentes de la oposición que en ese momento aconsejaron al Gobierno ir y pagar los 1.600 millones de dólares que implicaba originalmente la sentencia, sin tener en cuenta que el fallo del juez Griesa no finalizaba ahí, como quedó demostrado recientemente con la autorización que dio el magistrado al ingreso de los bonistas denominados «me too» que no habían litigado contra el país.
«Después de un año en que nos dijeron que teníamos que pagar al contado, que nos decían que son 1.600 millones que hay que ir ya al juzgado y poner uno arriba de otro, le dijimos no», afirmó la Presidenta.
A renglón seguido repitió nuevamente que su gobierno «no va a convalidar el despojo, queremos pagarle al 100 por ciento de los acreedores pero en condiciones justas, equitativas, legales e igualitarias para todos».
«Menos mal que no seguimos los consejos (de los que nos decían que había que pagar), porque hace unos días salieron otras sentencias y ya no son mil y pico de millones sino que son 20.000 millones de dólares», explicó Cristina en referencia al fallo de Griesa que dio lugar al pedido de los «me too» para obtener igual tratamiento que los fondos buitre.
