Hallaron 250 kilos de efedrina en un depósito fiscal de Ezeiza

Diez de barriles con 25 kilos de efedrina cada uno fueron encontrados en un depósito fiscal lindero al aeropuerto internacional de Ezeiza. El hallazgo ocurrió n el marco una causa que en la que se investiga el tráfico ilegal de esa sustancia, que tiene como jueza a la magistrada federal María Romilida Servini.

Según informó la Metropolitana, el cargamento de droga provenía de Suiza e iba a ser llevada a Paraguay. La droga estaba almacenada en un galpón donde se guarda mercadería que está en tránsito y tiene que salir en menos de 24 horas a su destino. Las pericias realizadas en el lugar demostraron que era efedrina de máxima calidad y estaría en el depósito desde 2008.

Los hallazgos se produjeron durante un allanamiento encabezado por la Policía Metropolitana desarrollado, luego de que el desplazado titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, se presentara esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py para aportar información.

En su visita al juzgado federal 1, Gómez Centurión sostuvo que tenía información que indicaba que había efedrina escondida desde hacía varios años en depósitos fiscales de Ezezia, en containers a los que dijo que no pudo llegar por trabas burocráticas.

Como la jueza Servini se encuentra de licencia, la orden para que se lleve a cabo el allanamiento fue firmada por el juez federal Luis Rodríguez y la agentes de la Policía Metropolitana realizaron el operativo acompañados por funcionarios del juzgado 1 y de la fiscalia a cargo de Juan Pedro Zoni.

Fuentes policiales sostuvieron que durante el allanamiento se encontraron 12 barriles de 25 kilos de efedrina -sometidos a un primer peritaje químico que dio «positivo»-, aunque aún no descartaban que se tratara de pseudoefedrina, que también funcionaría como precursor químico para sintetizar metanfetamina.

Gómez Centurión fue separado su cargo al frente de la Aduana el pasado 19 de agosto, luego de que se presentara una denuncia anónima en su contra en el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.

La denuncia se basa en grabaciones de conversaciones telefónicas obtenidas ilegalmente en las que el funcionario desplazado conversaría con un contrabandista sobre lo que debería abonar para viabilizar operaciones aduaneras.

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