Megajuicio: Miret amplía su declaración

El tribunal escuchará nuevamente al exjuez ante la recategorización de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal. Por su parte, Otilio Romano cerró su testimonial respondiendo a la defensa.

En el primer piso del Tribunal Oral Nº1, se desarrolló en horas de la mañana la audiencia Nº 106 en el marco del IV Juicio por delitos de lesa humanidad. En la audiencia pública, se dio lugar a las preguntas de la defensa para Otilio Roque Romano. Tras esto, el exjuez Luis Francisco Miret comenzó con su ampliación indagatoria.

tras finalizar su ampliación testimonial, Romano respondió a la indagatoria dirigida por los abogados defensores Ariel Civit y Horacio Dei, quienes consultaron valoraciones con respecto al accionar del imputado en la Justicia Federal y la competencia de la misma en los contextos fijados por leyes sancionadas durante la dictadura cívico militar (Ley 20840 contra actividades consideradas subversivas) y leyes posteriores, como la Ley 23049, mediante la cual la Justicia Federal recuperaba su competencia.

“Como fiscal dispuse personal para la investigación de estos delitos, asistí a todas las audiencias, nunca tuve objeciones”, expresó Romano al argumentar su respuesta con respecto a las acciones realizadas en las Justicia Federal al reabrirse las investigaciones por delitos de lesa humanidad. En la enumeración de hechos puntuales, el imputado valoró su desempeño destacando su expedición en contra de la Ley de autoamnistía, el dictamen de sobreseimientos y el pedido para que las causes de lesa humanidad quedaran a disposición de la justicia provincial entre otros hechos detallados, para finalmente decir: “el inventor de la pólvora terminó quemado”.

Además, aseguró que entre las personas detenidas bajo el régimen de la ley 20840 que pasaron por su fiscalía, no vio ” signos visibles de tortura”.

También consideró que por causa de su accionar “independiente” pudo provocar “cierto encono en representantes políticos, y sobre esto refirió entre otras causas, a su pedido contra la pesificación de ahorros y su fallo contra la constitucionalidad de la Ley de Medios. Sobre estos hechos denunció “persecución política general contra los jueces independientes” y lo consideró “una venganza a lo soviética”.

Insistió con que la Justicia Militar no les otorgaba competencia para propiciar la investigación de los delitos de lesa humanidad y aseguró que la Justicia Federal “no tenía ni organismo ni dependencia técnica para realizarlo”.

Al finalizar la indagatoria, el imputado valoró: “Nosotros ejercimos una función delicada durante un momento en el que había una guerra en todo el país”, y con respecto a su imputación volvió a desestimar la recusación presentada por el Ministerio Público Fiscal. “Todo esto se basa en una cuestión política, me siento un preso político, detenido por una acusación presuntoria basada en hechos básicos”, dijo.

El turno de Miret

El exjuez Miret abrió su ampliación indagatoria enunciando reclamos por la recategorización solicitada por la Fiscalía, sosteniendo que la medida incurre en “imprecisiones que violan su derecho de defensa”. En este sentido, señaló que las pruebas presentadas en su defensa fueron ignoradas por los acusadores y que las mismas, “demostraban la inconsistencia y arbitrariedad de la recusación”, a la cual consideró como un “relato de atrayente falacia” y “una absurda pretensión de hacernos cómplices de la dictadura”. Sobre esto recurrió a la jurisprudencia de aquel entonces para citar artículos en donde “por ley, la justicia dejaba de ser competente para juzgar los ilícitos en los que podían haber incurrido tanto polícias como militares”. Agregó que “los represores no necesitaban complicidad para obtener impunidad, porque estábamos impedidos de hacerlo”.

En el ejercicio de su defensa, Miret acusó a la fiscalía de omitir expedientes en los que “nos pronunciamos contra los designios de los militares contrariando lo que sus servicios de inteligencia querían hacer contra muchas personas”.

En la exposición de tecnisimos jurídicos, el exmagistrado sostuvo “la imposibilidad legal de la imputación sobre asociación ilícita”. Argumentó esta postura con la cita de distintos fallos firmados antes y durante el advenimiento del golpe cívico militar.

Con respecto a su actuación como defensor oficial y como juez subrogante, Miret eludió a las 19 causas por la cual se lo imputa por omisión en su deber como funcionario público, al no propiciar la investigación en las denuncias por detención ilegal y desaparición de personas. Su defensa giró entorno a “la clandestinidad del plan sistemático de exterminio perpetrado mediante documentos secretos entre militares” .

“Lo omitido por mí no puede llamarse delitos de lesa humanidad, y es imposible admitir la nueva investida de los acusadores”, argumentó .

Más tarde, señaló a otros fiscales excluidos en el actual procesamiento, designados por autoridades de la dictadura militar y pidió “igualdad de tratamiento ante la ley”.

“No había manera legal de realizar la actuación por la cual se me imputa, como juez subrogante nunca imposibilité la investigación de ilícitos que llegaran a mi conocimiento” aseguró Miret.

Tras estas palabras, el presidente del Tribunal, Alejandro Piña dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 26 de octubre a las 9.30. Para entonces, se prevé que Miret continúe con su ampliación testimonial.