Piden a los jueces que no tengan miedo

Los juzgados de Ariel Lijo y Daniel Rafecas rechazaron su competencia en la presentación que acusaba a la Presidente y a varios miembros de su Gobierno de intentar desviar la investigación por la voladura de la AMIA.

¿Yo, señor? No, señor. La frase inmortalizada por El Gran Bonete parece aplicarse a la perfección a los caminos judiciales que recorre el dictamen presentado por Alberto Nisman antes de su muerte. Se trata de la denuncia que incluye a la presidente Cristina Kirchner, a su canciller Héctor Timerman, al piquetero Luis D’Elía y al líder de Quebracho, Fernando Esteche, entre otros.

En ese escrito Nisman acusó al Gobierno de organizar una «confabulación criminal» para desviar la causa por la voladura de la AMIA y librar de responsabilidades a los iraníes que están acusados en el expediente. Según el dictamen, Irán se había comprometido a mejorar las relaciones comerciales con la Argentina a cambio de que cayeran las circulares rojas emitidas por Interpol para detener a los sospechosos implicados en el atentado.

Antes de morir, el fiscal de la UFI-AMIA radicó su denuncia ante el juez federal Ariel Lijo. Lo eligió a él porque es el mismo magistrado que interviene en otra pesquisa por encubrimiento que este año debería llegar a la etapa del juicio oral. Eran mediados de enero, y la mayoría de los tribunales estaban cerrados. La jueza de feria, María Servini de Cubría, consideró que no había elementos para acelerar el tratamiento del escrito de Nisman y aplazó su tratamiento para febrero.

El domingo 18 de enero cambió el escenario judicial (y político). Nisman apareció muerto en su casa, Lijo interrumpió su licencia y tomó el control de la pesquisa. Durante los últimos días de enero, el juez dispuso una serie de medidas para preservar las pruebas pero no tomó decisiones de fondo en el caso. Ya tenía en claro que iba a rechazar su competencia una vez que cesara la feria.

Y así fue. El 2 de febrero el escrito de Nisman recorrió varios metros dentro de los pasillos de los tribunales de Comodoro Py. Lijo se declaró incompetente, la Cámara Federal realizó un nuevo sorteo, y el azar quiso que la instrucción quedara en manos de Daniel Rafecas, quien estará de licencia hasta fin de mes. Sebastián Ramos, el juez que lo subroga, también rechazó el caso -previa consulta a Rafecas-. Ahora la última palabra la tendrá la Cámara Federal. ¿Pues entonces quién la tiene?