Un abogado argentino para los buitres

Fue perito de NML, del magnate Paul Singer, en el juicio que busca embargar activos del país en los EEUU. Se trata de Pablo Maggio, quien representó a un empresario marplatense y al Citibank, ambos acusados de lavado de activos provenientes del cártel de Juárez. Cuestionó la derogación de las leyes de impunidad y los indultos.

Según consignó Tiempo Argentino, los fondos buitre no tienen sólo a los abogados estadounidenses y sus relaciones políticas con el Partido Republicano. También han contratado a especialistas argentinos para que colaboren al embargo de activos del país en EE UU. El abogado Pablo Maggio, cuestionado en el pasado por haber defendido causas de narcotráfico y lavado de dinero y por defender a los genocidas de la dictadura militar, presentó su testimonio favorable al fondo buitre NML del magnate Paul Singer para embargar los activos del empresario Lázaro Báez a raíz de una denuncia mediática.

El lector desprevenido podría considerar que los esfuerzos de Maggio por avanzar en la causa contra el empresario en el marco del conflicto entre los buitres y la Argentina se deben a que, como abogado, es un paladín de la justicia. Sin embargo, el historial del perito a pedido de Paul Singer dista de encontrarse limpio.

El caso de las denuncias contra el Citibank que involucran a Maggio ilustran perfectamente las operatorias ilegales de lavado de activos y encubrimiento. El abogado, perteneciente al estudio Saint Jean y Maggio, representó a partir de 1999 al empresario inmobiliario marplatense Nicolás Di Tullio, quien había sido acusado de recibir U$S 11.752.229 en la cuenta 25.913 del Mercado Abierto Bank del Citibank de Nueva York. Dicha cantidad de dinero no tenía explicación alguna, por lo que se lo vinculó con el lavado de activos, en particular del narcotráfico del cártel de Juárez, México. Pero defender a Di Tullio no era el único trabajo de Maggio, quien también había sido contratado por el Citibank Argentina para su defensa legal. Es decir, defendía al titular de la cuenta, y al mismo tiempo a la filial del banco en el cual se encontraba depositada la cuenta.

Según las denuncias, U$S 63 millones del cártel de México fueron lavados a través del Citibank de Nueva York, de los cuales casi U$S 12 millones habrían sido depositados en el Mercado Abierto Bank, de Aldo Ducler a través de las Islas Vírgenes. Di Tullio habría sido el que había realizado las recomendaciones para utilizar dicho mecanismo. Ese caso tuvo amplias consecuencias internacionales, dado que un subcomité del Senado de EE UU terminó investigando actividades ilícitas en 12 bancos norteamericanos.

Sin embargo, a Maggio no le alcanzó con representar el largo mostrador del sector privado, sino que también trabajaba para el sector público: era asesor del director del Banco Central Manuel Domper, quien, además, tenía a su cargo la supervisión financiera y el control de lavado de activos. Es decir, al mismo tiempo que defendía a un acusado por un delito, asesoraba al banco que permitió el mismo y a la entidad regulatoria que debía impedir y castigar esta clase de actividad.

Pero la red de contactos no finaliza allí. El propio presidente del Banco Central de ese entonces, Pedro Pou, contrató al hermano de Pablo Maggio, Federico, como perito en una causa que llevaba el juzgado federal de Gustavo Literas contra el ex banquero Raúl Moneta, quien se encontraba vinculado al Federal Bank de Bahamas, por los mismos delitos que el Citibank. Federico, contador de profesión, trabajaba para el mismo estudio que su hermano.

La nueva coordinación entre los organismos regulatorios, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de activos (Procelac), dificulta mucho más esta clase de operatorias, que en ese momento eran mucho más usuales. La connivencia entre el sector privado y el público, la evasión fiscal y el lavado de activos provenientes del tráfico del tráfico de drogas son algunos de los crímenes que Pablo Maggio habría encubierto a través de una enmarañada red de relaciones en los organismos y en las empresas.

Recientemente, Maggio presentó un documento ante el juez de Nevada Cam Ferenbach, como experto de la legislación argentina, para tratar de convencer al juez de que los argumentos del empresario Lázaro Báez son inválidos. El objetivo de los buitres es embargar los activos de compañías vinculadas a al empresario.

Los buitres utilizan la denuncia mediática contra el empresario y el juicio contra la Argentina para intentar cobrar lo que no logran obtener a través de una negociación forzosa. El el fallo contra la Argentina actualmente, incorporando a los me too, supera los U$S 8000 millones.

En última instancia, la estrategia que NML realiza en Nevada no es diferente de la que utilizó en Ghana para embargar la Fragata Libertad, o que actualmente sigue para obtener los satélites y activos del Banco Central, o de la diplomacia del país.

Maggio no sólo fue cómplice en esa clase de estafas económicas que defraudaron al fisco. También formó parte de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que defendía a los culpables de delitos de lesa humanidad. El 7 de abril de 2010, firmó, junto con gran parte de sus colegas del estudio de abogados Saint Jean y Maggio, en la cual se quejaban de que «se ha quitado al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo los dos instrumentos que la Constitución les otorga para cumplir el mandato de ‘consolidar la paz interior’, revisando e invalidando los indultos y las dos leyes de amnistía dictadas por el Parlamento, llamadas ‘de obediencia debida’ y ‘punto final'». Entre otros, firmaban miembros de las familias Martínez de Hoz, Braga Menéndez, Aramburu.

Los propios socios de Maggio han sido defensores explícitos y parientes de genocidas de la última dictadura militar (ver nota aparte en esta misma página).

El abogado argentino que asesora a Singer a embargar activos para cobrar sus títulos no parece poseer, teniendo en cuenta su comportamiento a fines de los años ’90, una vocación por la justicia, la defensa de lo público y el cumplimiento de los contratos, sino todo lo contrario.

Pablo Maggio ha llevado la «puerta giratoria» entre el sector público y el privado a su límite último, participando al mismo tiempo de ambos lados del mostrador, en perjuicio de los intereses del sector público argentino. No es casual, por lo tanto, que haya decidido colaborar con el sector especulativo que pretende atacar a un país soberano.

Audiencia

El miércoles 10. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York analizará este miércoles un pedido de embargo de fondos del Banco Central realizado por los buitres NML (de Paul Singer) y EM (de Kenneth Dart), a través de la figura del alter ego, ya rechazada.