Varias ONG exigen que se abra el debate para derogar la Ley penal de la Minoridad
#InfanciaEnDeuda apoya la apertura inmediata de un debate para terminar con la Ley penal de la Minoridad. Las organizaciones afirman que es inconstitucional.
Las más de diez ONGs que llevan adelante la causa #InfanciaEnDeuda advirtieron hoy que antes de bajar la edad de imputabilidades es necesario debatir la creación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que -respetando los tratados internacionales a los que adhiere la Argentina- garantice a los menores el acceso a un proceso penal.
Como representantes de los intereses de los niños, niñas y adolescentes, reclamaron formar parte de la comisión de expertos que convocará el Gobierno para debatir y elaborar el proyecto.
«La edad y monto de las penas son sólo parte del debate de la nueva legislación, pero no es hoy el eje central de la discusión respecto de los delitos cometidos por adolescentes». «Para #InfanciaEnDeuda lo central es crear una Ley de Responsabilidad penal juvenil que permita a los menores acceder a las garantías que otorga cualquier proceso penal, siempre bajo estándares internacionales, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño incorporada a la Constitucion nacional, y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros tratados internacionales a los que adhiere la Argentina», aseguraron en un comunicado.
«La baja de la edad de imputabilidad de los menores es una medida regresiva. Debemos trabajar en el diseño de proyectos y medidas que no estén apuntadas a la privación de la libertad, sino que busquen su integración en la sociedad y la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes», sostuvieron desde #InfanciaEnDeuda.
En este contexto, las ONG’s que integran la causa reclamaron que en el inicio de las sesiones legislativas de este año, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, nombre a los cinco senadores que faltan para conformar la comisión bicameral encargada de elegir al Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, una deuda de la sociedad desde hace 12 años.
“La normativa vigente (ley 22.278) a nivel nacional es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño e inconstitucional. El Comité de los Derechos del Niño y la Organización de Estados Americanos han señalado la necesidad de derogar la normativa nacional y sancionar una ley acorde a los estándares internacionales”, señaló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El documento agrega que “es clave que una reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia. De la misma manera, sería importante que se amplíe y mejore la oferta de medidas alternativas, justicia restaurativa, instancias de mediación y justicia comunitaria”.
Según el relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la Ley Penal, del año 2015, hay 3.908 jóvenes de hasta 17 años inclusive que son infractores o presuntos infractores de la ley penal, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Esta cantidad representa 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país, según las proyecciones de población por edades simples del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para ese año.
De este total de 3.908 adolescentes, la mayoría (89,5%) tiene entre 16 y 17 años; mientras que el 10,5% restante tiene menos de 16 años y no es punible en función de su edad.
El mismo relevamiento, realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y UNICEF, señala que los varones representan a casi la totalidad de los 1.305 adolescentes privados de su libertad en centros cerrados, mayoritariamente entre 16 y 17 años. Sólo 6,3% son niños menores de 16 años, que no debieran estar privados de libertad.
Otro dato que registró este relevamiento es que ocho de cada diez adolescentes privados de su libertad se concentran en cinco jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza y Santa Fe.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) registró 619 jóvenes en 27 centros bonaerenses, en su mayoría bajo un “sistema carcelario”. Actualmente, entre un 6% y un 8% de los niños no punibles menores de 16 años se encuentran en esta condición, sin ninguna garantía judicial.
