Victoria millonaria de Chevron contra Ecuador

La Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en Washington, determinó que Ecuador debe pagar una indemnización de 96 millones de dólares a Chevron, denunciada en el país sudamericano por causar daño ambiental en la región de la Amazonía. La decisión del tribunal confirmó el fallo del comité de arbitraje de la Corte Internacional de La Haya, donde la petrolera había reclamado que Ecuador violó un tratado comercial firmado con Estados Unidos, informó Tiempo Argentino.

La disputa se remonta a principios de los años ’90, cuando la empresa Texaco presentó seis demandas contra el país sudamericano por supuestas violaciones de contratos relacionados con la exploración de petróleo. Como la justicia ecuatoriana nunca se expidió al respecto, en 2006, Chevron -que había comprado Texaco cinco años antes y quedó a cargo de todas las responsabilidades y acciones judiciales de Texaco- se acogió a un tratado comercial firmado entre Ecuador y EE UU en 1993 que había entrado en vigor en 1997.

Bajo ese paraguas legal, presentó una nueva demanda, aunque esta vez no fue ante la justicia ecuatoriana, sino ante la Corte de La Haya. El reclamo era por 1605 millones de dólares en concepto de indemnización. El Estado ecuatoriano rechazó la acusación y argumentó que la relación con la petrolera había terminado en 1995, dos años antes de que el mencionado tratado comenzara a funcionar.

Sin embargo, en 2011 La Haya dio aval a la denuncia de Chevron y condenó a Ecuador a pagar 77 millones de dólares. El país, ya presidido por Rafael Correa, apeló el fallo en una variedad de instancias -incluidas la Corte del Distrito de La Haya, la Corte de Apelaciones de esa ciudad y el Tribunal Supremo de Holanda-, pero sufrió reveses judiciales en todos los casos.

Por eso, el 27 de julio de 2012, decidió presentar un recurso ante el tribunal estadounidense de Columbia, que con el juez Robert Wilkins a la cabeza, revisó la decisión tomada en La Haya y finalmente también falló a favor de Chevron. La indemnización establecida es de 77 millones de dólares, que con los intereses llega a los U$S 96 millones.

La decisión judicial no está relacionada con el litigio ambiental, un extenso conflicto entre Ecuador y Chevron por un caso que cobró fama a nivel internacional. El gobierno del presidente Rafael Correa viene denunciando desde hace años a la petrolera por los daños ambientales causados por Texaco cuando operó en la Amazonía ecuatoriana. Un caso por el que la justicia ecuatoriana determinó que Chevron debe pagar al Estado unos 9500 millones de dólares.

La compañía empezó a explorar los campos de petróleo en el noreste ecuatoriano, alrededor de la ciudad Lago Agrio, a partir de 1964. Entre 1972 y 1992, extrajo 1,5 mil millones de barriles de petróleo.

Chevron comenzó a funcionar en 1911 en California. Cuenta con importantes yacimientos petrolíferos y de gas natural. En 2009, la revista Fortune la ubicó en el quinto puesto entre las empresas con mayores ganancias del mundo. En 2013, firmó un acuerdo en Argentina con YPF para producir hidrocarburos en Vaca Muerta.

Millonario reclamo por daños
El gobierno del presidente Rafael Correa viene denunciando a Chevron desde hace años por los daños ecológicos y sociales que Texaco, ahora subsidiaria de la petrolera estadounidense, ocasionó en la región de la Amazonía entre 1964 y 1990.

Las comunidades indígenas de la provincia amazónica de Sucumbíos iniciaron acciones legales contra Chevron en 2003 por el derramamiento de más de 80 mil toneladas de residuos petrolíferos en la zona de Lago Agrio, que abarca unas 500 mil hectáreas.

La compañía sostiene que, en realidad, la responsable por la contaminación fue la estatal Petroecuador.

En 2011, un tribunal de primera instancia obligó a Chevron a indemnizar con 9500 millones de dólares a las comunidades indígenas afectadas. La empresa llevó el caso a los tribunales de Nueva York por las presuntas irregularidades que detectó en el juicio realizado en Ecuador. El pasado 4 de marzo, el juez Lewis Kaplan falló a favor de Chevron tras determinar que hubo una «conspiración» entre el abogado Steven Donziger, que representó a las comunidades indígenas, y un juez ecuatoriano.