Se aprobó el traspaso de la ex ESMA a la Nación

Con 41 votos afirmativos, el Pro y el Frente para la Victoria aprobaron el proyecto que pide la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM). Así, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitó el traslado de los ex centros clandestinos de detención, que funcionaron en la última dictadura militar, de la Ciudad a la Nación.

La iniciativa propuesta por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, valida el convenio firmado entre la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gabinete Nacional, Jorge Capitanich, que propone que el Gobierno nacioanal se haga cargo de la administración de los ex centros de detención clandestina ubicados en territorio porteño.

En este esquema se encuentran los predios de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Virrey Cevallos, Club Atlético, Olimpo y Automotores Orletti. Todos estos pasarán a depender de la administración nacional, al igual que todo el personal que en ellos realizan actividades laborales.

Junto al convenio, se votó la iniciativa que disuelve el ente autárquico Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que es el que administra los espacios antes nombrados, y que crea el Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria, que asumirá el trabajo que tenía el IEM.

El Pro y el FpV quisieron introducir ambos proyectos en el temario de la sesión del 24 de abril pero la presencia de los empleados y las autoridades del IEM junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel dificultó las posibilidades, y la intención de tratar las iniciativas sobre tablas fracasó.

Finalmente, los bloques mayoritarios del recinto porteño consiguieron la cantidad de votos para habilitar el tratamiento y luego los necesarios para aprobarlo de manera definitiva.

Ante el temor y los planteos de los empleados del IEM acerca de su situación laboral, el legislador del Pro Helio Rebot, quien habló en nombre de su bloque, marcó que “la estabilidad de los trabajadores va a estar resguardada en las mismas condiciones que están actualmente”.

“Habiendo una política publica consagrada por la ley de protección de sitios de memoria, lo mejor que podemos hacer es que pasen a la orbita del Gobierno nacional, en esa convicción estamos trabajando”, justificó la jefa de la banca del FpV, Gabriela Alegre.

El convenio es de carácter jurisdiccional por lo que es necesario el visto bueno del Congreso, algo que ya sucedió en la Cámara alta hace unos días. Se espera que la Cámara de Diputados haga lo propio, ya que el expediente obtuvo despacho de mayoría en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Derechos Humanos.

Tal como se sabía, el frente UNEN votó completamente en contra, junto al MST, el FIT, Confianza Pública y la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti.