Argentinos con los fondos buitre
El fallo de la Corte Suprema estadounidense que ordena a la Argentina pagarles a los fondos buitre generó el repudio del gobierno nacional, la sociedad y buena parte de la oposición. Sin embargo, algunos ciudadanos de nuestro país festejaron el rechazo del máximo tribunal norteamericano a la apelación del Estado argentino sobre la decisión del juez Griesa.
En este grupo se enuentra el denominado “grupo Varela”, formado por trece litigantes que acompañaron la demanda de los fondos del NML Capital, Aurelius, ACP Partner, Blue Angel y Olifant Fund.
El principal nombre detrás de este «grupo» es Pablo Alberto Varela, aunque el abogado que los representa es el estadounidense Michael Spencer, que confirmó que sus clientes reclaman, entre todos, “un millón de dólares”.
El 7 de mayo, Spencer firmó una presentación colectiva en la que sus trece clientes daban un respaldo al reclamo de los fondos buitre. En el documento, el abogado se pliega a los argumentos del principal demandante, NML Capital, excplican desde el sitio Infojus. “Argentina ha tenido históricamente dificultades para estar al día con sus obligaciones financieras. Puede hablarse de una diplomacia del default ya que hubo al menos cinco defaults reales o amenazas de defaults”, se lee.
La presentación intenta diferenciar a los bonistas argentinos de los capitales extranjeros definiéndolos como “ciudadanos argentinos individuales que adquirieron relativamente poca cantidades de bonos soberanos”. Se trata, según el escrito, de “inversores de clase media” y las pequeñas cantidades son “entre 25.000 y 90.000 dólares para su jubilación y ahorros”. También aclara que los bonos fueron comprados entre 1998 y 2001, lo que probaría que no se trata de fondos buitre, sino de inversores de buena fe.
El documento argumenta que “Argentina no presentó evidencia alguna” para demostrar que no puede afrontar la deuda: “Es un país del G-20 con miles de millones de dólares de reservas, muchos otros activos, y la voluntad política de expropiar propiedades para su propio beneficio, ya sea una compañía petrolera o un fondo de pensiones”.
Tal como indica Infojus, «de los 13 litigantes es poco lo que se sabe: viven en distintas ciudades del país, muchos de ellos son jubilados, tienen más de 80 años, y algunos han muerto. La lista completa aparece en el escrito: Pablo Alberto Varela, Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, Cesar Rubén Vázquez, Norma Haydee Ginés, y Marta Azucena».
Las hermanas Carmen y Norma Lavorato tienen 83 y 88 años, respectivamente, y Susana Aquerreta tiene 90. En octubre de 2012, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó la orden del juez Griesa de que la Argentina debía pagar, Norma Lavorato había dicho al diario La Nación no tener “muchas expectativas de cobrar porque soy muy grande” aunque había considerado al fallo “una decisión muy importante”.
El grupo Varela no es el único favorecido con la decisión de la justicia norteamericana. Hay otro grupo de unos 50 bonistas argentinos que encabeza Horacio Vázquez, un ingeniero electrónico de más de 40 años que preside la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd). En 2003, cuando el país aún atravesaba un periodo de profunda depresión económica, compraron bonos de la deuda pública argentina.
No es la primera vez que Vásquez participa activamente contra las políticas en las que el Estado Nacional toma las riendas: cuando el gobierno nacionalizó en 2008 las AFJP, integró la agrupación “Argentinos autoconvocados contra la confiscación”, que tenía como leitmotiv la consigna “vienen por todo, también por vos”. Vásquez dijo estar “muy contentos con el fallo de Estados Unidos. Nos demuestra que hay justica. Que allá hay República”.
