Megajuicio: Complicidad de jueces y médicos
En Tribunales Federales de la provincia, se llevó a cabo una nueva audiencia en el IV juicio por delitos de lesa humanidad, en la que la primera declaración fue prestada por Guillermo Martínez Agüero, detenido el 25 de octubre de 1974 por agentes de la policía de Mendoza.
Al momento de su detención pertenecía a Montoneros y se desempeñaba profesionalmente como médico. “Las cárceles eran duras, todas tenían la marca del ejército”, expresó al abrir un capítulo nutrido por el repaso de las diferentes dependencias policiales en las que estuvo hasta recuperar su libertad luego de 8 años y un mes como detenido.
Sobre el marco judicial de aquel entonces, refirió la suerte que corriera para los abogados que ejercieron su defensa representada por la abogada Susana Sanz (amenazada con una bomba y exiliada del país), el Dr. Héctor Chávez (detenido en Rawson) y el Dr.Conrado Gómez (desaparecido). Ante tales hechos, se asignó defensa oficial con el Dr. Max Petra Recabarren, ante quien expresó: “Recabarren me dijo que los militares no lo dejaban actuar”.
Con respecto al accionar de la Justicia del 76, valoró: “Yo creo que uno se debe a la profesión que elige. Si yo no atendiera a una persona porque me puedo contagiar, haría abandono de persona. Y en lo judicial, por la situación límite que se vivía en aquella época, un abogado era fundamental. Ese rol lo cubrió el padre Llorens y el padre Latuf”. Con el mismo tenor se refirió al cuerpo médico involucrado, donde el testigo mencionó al Dr. Marota, como Jefe de Sanidad en el Penal y su equipo formado por los doctores Tarquini y Dalla Torre. “Los jueces y los médicos que estaban viendo lo que ocurría podrían haberse ido si no estaban de acuerdo”, expresó Martínez y agregó en respuesta a la ingadatoria de la defensa representada por el Dr. Dei: “Siempre es posible hacer algo, porque se trata de no hacer silencio, y de haber mirado para otro lado en medio de una dictadura tan sangrienta”.
Desde el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Dante Vega se dio lectura de la causa judicial realizada y firmada por el ex juez Otilio Romano. Al responder la indagatoria de la Fiscalía, aportó testimonio sobre otras causas que se encuentran contenidas en el actual proceso de enjuiciamiento, referidos a los ex presos políticos Rabanal y Seydell, entre otros.
“Vengo a declarar pensando en mis compañeros desaparecidos”, profirió Oscar Martín Guidone en calidad de testigo, dado que la causa en donde se lo presenta como víctima quedó apartada del actual debate. Guidone reseñó ante el tribunal que se desempeñaba como auxiliar en la Cátedra de Parasitología en la carrera de Medicina de la UNCuyo, al momento de la detención y que militó en la agrupación FEM (Frente Estudiantil de Medicina) que diera paso luego a TUPAC (Tendencia Universitaria Progresista, Antiimperialista y Combativa).
En su testimonio, relató su trasladado a la 8va Brigada de Comunicaciones donde dijo compartir cautiverio con funcionarios, periodistas e integrantes de comisiones internas de diferentes gremios. Además refirió sobre la existencia de un centro de detención lindante donde también había mujeres detenidas. Relató sobre al menos tres sesiones de tortura, la de “ablande”, la de picana eléctrica y la de golpes con objetos en el cuerpo, después de las cuales perdió un brazo. Entre los torturadores mencionó al Suboficial Cabañas. En diciembre del 76, el declarante fue trasladado a la Unidad IX de La Plata, donde los golpes le dejaron “un costado de la cabeza prácticamente sin piel”, relató.
Interrogado por el Ministerio Fiscal y las partes querellantes, Guidone ofreció datos sobre otras causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia durante la última dictadura militar. Además identificó a los ex oficiales involucrados Ramón Ángel Puebla, Dardo Migno, Peralta y Pajela. En cuanto al desempeño de la Justicia, recordó al ex juez Guzzo, quien al tomarle declaración sugería al escribiente “poné, otro sí digo”. Procesado penalmente por la faltar a la ley 20.840, recordó que en su casa “una de las armas que secuestraron fue el carnet de estudiante de medicina y un libro de histología”.
Fue sobreseído el 3 de febrero de 1978 quedando a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta recuperar su libertad el 20 de agosto de ese año. Fue expulsado por cinco años de la carrera de Medicina y la debió abandonar definitivamente.
Esta etapa testimonial continuará mañana a las 9.30 en el primer piso de Tribunales Federales.
