Crisis en España: «Villa Desahucio»
«Lo que quiero es un alquiler que podamos pagar», afirma Yini Batista, una inmigrante dominicana amenazada con ser desalojada de un departamento en Ciutat Meridiana, barrio periférico de Barcelona que concentra la mayor cantidad de desahucios (desalojos) por impago inmobiliario de España.
A su paso por los centros urbanos del país, la crisis económica profundizó las diferencias entre el centro de barrios caros y los suburbios habitados por migrantes, que en su día acariciaron el sueño de clase media y se sumaron a la sociedad de consumo gracias al crédito fácil y que ahora se encuentran al borde de la pobreza.
A sólo 15 minutos en tren desde la emblemática Plaza Cataluña, el corazón de la Barcelona rica y vanguardista, se erige Ciutat Meridiana, un barrio de bloques de edificios que escalan la montaña contra la Sierra de Collserola, y que sus propios vecinos rebautizaron como «Villa Desahucio».
En esta barriada cada semana se producen dos o tres desalojos por impago inmobiliario. La situación, consecuencia del
estallido de la burbuja inmobiliaria, se agudizó con las políticas neoliberales de ajuste, que elevaron el desempleo, y con los «parches legales» del derechista Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
«Está pasando algo muy grave. Mucha gente cobra ayudas de 450 euros, y no puede ni pagar el alquiler. El drama de fondo es la falta de trabajo», dijo a Télam Manuel Cubero, secretario de la Asociación de Vecinos de Ciudad Meridiana.
La historia de Ciutat Meridina explica perfectamente el estallido de la burbuja inmobiliaria, uno de los detonantes de la crisis de España.
El barrio está asentado en una orografía complicada, en terrenos que fueron descartados para un cementerio por su humedad y donde se levantaron edificios de departamentos de 50 m2 para inmigrantes internos llegados a la norteña Cataluña en los años 60.
En la década de 2000, en pleno boom inmobiliario, muchos de los habitantes originarios del barrio se mudaron a mejores zonas y fueron relevados por inmigrantes latinoamericanos, africanos y asiáticos llegados para trabajar en la construcción.
«Aquí se produce una orgía inmobiliaria: en un barrio de 11 mil habitantes llega a haber hasta 11 inmobiliarias», apuntó Cubero, más conocido aquí como «Cubi».
«Los bancos hacen malas prácticas, hipotecas cruzadas, se inventan nóminas e incluso usan recursos legales como la hipoteca de ‘Bienvenida’, con las que se da un 120% de crédito cuando el máximo era 80%. Esto permite que personas sin recursos acaben obteniendo hipotecas de 250.000 euros en un barrio periférico”, añadió.
Al llegar la crisis, en 2008, «se produjo un proceso masivo de desahucios. Nos encontramos en 2011 y 2012 que unas 300 familias fueron expropiadas de sus casas, y podría haber 400 más», dijo.
«Cuando se hace un desalojo el objetivo del banco es atemorizar para que el resto de la gente, aunque esté asfixiada, igual pague. Pero una vez que pasa eso (desalojo), el piso deja de tener valor, no lo alquilan, no lo venden, y quedan muchos pisos vacíos», explicó Cubi.
Además, debido a la «ley criminal» vigente en España- destaca- las familias deben seguir pagando la deuda una vez que pierden su vivienda.
En los últimos años, la asociación de vecinos del barrio frenó cientos de desalojos, pero esto no resolvió la situación de los afectados.
«Parar un desalojo es desobediencia civil, tiene repercusión mediática, pero sólo se gana tiempo para que se negocie con el banco el tema de la dación en pago -que se cancele la deuda con la entrega de la vivienda- y alquiler social”, dijo Cubi.
El caso de Yini Batista es complejo. Llegó a España hace seis años y perdió su trabajo cuando quedó embarazada. Su marido, con un sueldo de 900 euros, es el único sostén de una familia de cuatro. Por ese motivo, se fueron a vivir a Ciutat Meridiana con otra familia, pero los propietarios del inmueble regresaron a su país y dejaron la deuda.
«Ahora mismo no tengo otra opción que quedarme aquí, y en cada momento cuando pican (tocan) la puerta pienso que es que vienen a echarme. No puedo vivir así», contó Yini, angustiada.
Desde el estallido de la crisis, el drama social de los desahucios por impago inmobiliario fue uno de los factores de movilización de la sociedad española.
En medio de un repunte de suicidios motivados por la desesperación social, el gobierno español aprobó la llamada «ley antidesahucios», pero desde que entró en vigor, en 2013, el número de desalojos no dejó de crecer, de acuerdo con datos oficiales.
«La ley que aprobó el PP no sirvió de nada. De 2012 a 2013 no hubo cambios, lo que demuestra que el país sigue viviendo una emergencia habitacional, y la norma solo sirvió para que los bancos ganen tiempo mientras la gente sigue sin solución», afirmó Lucía Martín, vocera de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de Barcelona, el grupo más activo a nivel estatal.
Solo en el primer trimestre de este año, los bancos «ejecutaron» 32.565 hipotecas – procesos de desalojo iniciados por impago-, lo que supone un 19,5% más que el mismo período del año anterior, un 10,4% más que el último trimestre de 2013, según la primera estadística sobre este asunto que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España.
