A juicio por mala praxis
A María del Carmen Ortega le había costado entender que se estaban agotando las esperanzas de que su hija sobreviviera. María Rosa Villa tenía 30 años y la habían operado de vesícula. “Se suponía que era una operación sin riesgos”, contó la mujer. La intervención quirúrgica había sido realizada el 15 de noviembre de 2001 y la joven falleció el 29 de ese mes. Durante todo ese tiempo estuvo en coma.
Pasaron 13 años para que Ortega recibiera la noticia de que los cuatro médicos que participaron de la operación deberán enfrentar un juicio oral, luego de que el juez Penal en lo Correccional de la II° Nominación, Víctor Manuel Rougès, rechazara la propuesta de suspender el juicio a cambio de que los acusados abonen una suma de dinero.
En el requerimiento de elevación a juicio que el entonces fiscal de Instrucción Carlos Sale realizó el 26 de febrero de 2009, consta la descripción del presunto delito que habrían cometido los profesionales.
Según la acusación, el médico Rubén Nicolás Miranda programó la cirugía con el tiempo suficiente para tomar todos los recaudos para que fuera exitosa. El profesional, afirmó el fiscal, conformó el equipo que lo iba a acompañar en la intervención quirúrgica: José Castillo Olaya (anestesista), Pablo Marengo y Marcelo Venecia (médicos cirujanos ayudantes). Sale cuestionó que Miranda no haya convocado a un médico cardiólogo para que realizara el monitoreo intraoperatorio.
La operación comenzó a las 16.50 en el sanatorio Cimsa, en Jujuy 111. Durante la cirugía Rosa Villa sufrió un paro cardíaco. “Un estado de disminución de la frecuencia cardíaca con una baja de presión arterial que condujo a un paro cardiorespiratorio a los 55 minutos del comienzo de la operación”, describió el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.
Recién en ese momento Miranda habría convocado a un cardiólogo que estaba monitoreando otra operación en un quirófano adjunto, de acuerdo a la acusación de Sale. El médico Cayo Antonio Torpoco Zapata ordenó suspender la operación y realizó las maniobras de resurrección a la paciente por menos de 10 minutos, con las que logró sacarla del paro. Pero las secuelas ya eran “irreversibles e irreparables como consecuencia de la prolongada duración temporal de la anoxia (falta total de oxígeno) cerebral”.
Luego de que la madre de la víctima realizara la denuncia penal, hubo una investigación lenta. Incluso el expediente se perdió en tribunales, y cuando Sale se hizo cargo de la fiscalía de Instrucción de la IV° Nominación (el anterior fiscal era Héctor Abraham Musi), tuvieron que reconstruirlo.
Sale había solicitado la elevación a juicio oral solamente para el médico Miranda, acusándolo por presunto homicidio culposo simple. La jueza de Instrucción Emma de Nucci (quien ya falleció), incorporó en la lista de acusados a los otros tres médicos que estuvieron en la operación, luego de la oposición que el fiscal de Cámara Daniel Marranzino había formulado contra los sobreseimientos que había pedido el fiscal de Instrucción.
Más tarde, los abogados de los acusados habían presentado ante el juez correccional Rougès la aplicación de la suspensión del juicio a prueba. Sin reconocer el delito que se les imputa, ofrecieron distintas sumas de dinero. Castillo Olaya se comprometía a pagar $ 1.000 en 10 cuotas de $ 100, Miranda el mismo monto en cinco cuotas de $ 200, y Venecia y Marengo $ 2.500 en 10 cuotas de $ 250.
El juez Rougès rechazó la propuesta. “La suma de dinero que los imputados pretenden abonar no implica la realización de un esfuerzo sincero ni significativo sino que es por demás insuficiente de acuerdo con su capacidad económica personal, y no guardan proporcionalidad con el daño, ni tampoco se presenta ni mínimamente como una suma simbólica que represente la satisfacción de las víctimas por la muerte de su hijo”, fundamentó el magistrado en su resolución, emitida antes de la feria judicial.
