Las villas crecieron un 156% en los últimos 13 años
La población de las villas porteñas aumenta día tras día. Aunque las cifras del Censo 2010 hablan de 163.000 habitantes, según estimaciones oficiales ya había 275.000 personas en asentamientos en la ciudad de Buenos Aires el año pasado. Ese crecimiento, cercano al 70% en cuatro años y del 156% acumulado desde 2001, no se condice con la velocidad de las obras de urbanización necesarias para incluirlas en el tejido urbano y social.
Hoy, en la Capital hay 14 villas, 24 asentamientos y dos núcleos habitacionales transitorios, según la Dirección General de Estadística y Censos local. En la última década, no se ha urbanizado ninguna; sólo se mudó la incendiada villa Cartón, que existía bajo la autopista Cámpora, luego de un traslado provisorio detrás del parque Roca. El propio gobierno porteño reconoce que la regularización dominial demandará, por lo menos, diez años.
Las obras de infraestructura y las asistencias ante emergencias no alcanzan para transformar en barrios las villas ni para mudar a los habitantes de los asentamientos. No hay atención sanitaria las 24 horas, ni presencia policial permanente ni escuelas. Sólo en la villa más antigua de la Capital, la 31, funciona un establecimiento escolar.
«El Estado no entra en la villa cuando no la urbaniza. Si se hiciera la apertura de calles y la posterior construcción de edificios nuevos para evitar el crecimiento en altura, se rompería la espacialidad intrincada de las villas, que hoy es utilizada por los narcos. Si el Estado no controla el territorio, es controlado por alguna organización. Los que más pierden son los mismos pobladores, que terminan siendo víctimas de la explotación», opinó Javier Gentilini (Proyecto Sur-UNEN), presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña.
Es precisamente en la Legislatura donde se aprobaron leyes de urbanización que nunca se cumplieron: la ley 403, para la villa 1-11-14; la 1770, para la villa 20 (incluido el terreno donde estaba el asentamiento Papa Francisco); la 3343, para la villa 31-31 bis; la 148, para todas las villas, y la ordenanza 44.873, para la mayoría de los asentamientos.
La oposición critica la política del gobierno porteño por dos aspectos: los constantes cambios en las dependencias con responsabilidad en cuestiones de vivienda y las asignaciones presupuestarias.
«Pro envía a la Legislatura proyectos de zonificación y no proyectos de urbanización; buscan permitir regularizar el dominio, pero mantienen la precariedad: villa 19 [barrio INTA], Ciudad Oculta [villa 15] y barrio Cildáñez [ex villa 6]», indicó la ex legisladora Rocío Sánchez Andía, integrante de la mesa de urbanización de las villas 31 y 31 bis.
Ayer, en el deslinde de esas villas con la autopista Illia, la empresa estatal AUSA realizaba el recambio del alambrado que separa las casillas de la vía rápida a lo largo de 550 metros. El tejido era colocado sobre muretes de cemento de unos 65 centímetros de alto. De igual modo, se refirió a la política habitacional Gentilini: «El gobierno porteño está haciendo una intervención de carácter minimalista, no está urbanizando en serio».
Respecto de la asignación presupuestaria, la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró un informe que da cuenta de que las partidas destinadas a viviendas vienen disminuyendo sistemáticamente desde 2005, al pasar de 3,8% del presupuesto en 2008 a 2,1% en 2013. Agrega que, si se enfoca la mirada en los recursos destinados específicamente a políticas públicas en villas, pasaron del 2,5% del presupuesto en 2005 al 0,7% este año.
Esto significa que, aunque aumente el número de la asignación, la porción que se destina a ese fin es cada vez menor. El presupuesto total de gastos para este año en el distrito es de 60.000 millones de pesos; la Secretaría de Hábitat e Inclusión (Sechi) cuenta con $ 150 millones.
«La Sechi es la que supuestamente coordina hoy por hoy, pero lo que más hacen es un maquillaje. No hay un plan concreto», indicó Jimena Navatta, de ACIJ.
La Sechi fue creada hace dos años. A sus fondos deben sumarse los asignados al Instituto de la Vivienda. Anteriormente, era la Corporación del Sur la que también atendía las necesidades habitacionales. Ese cambio de jurisdicciones también ralentizó el proceso.
Marina Klemensiewicz, al frente de la Sechi, se defendió: «En el gobierno de [Mauricio] Macri se avanzó como nunca y los planes de urbanización están en marcha en todas las villas de la ciudad. Hemos concretado 244 obras durante 2012 y 2013, y actualmente tenemos 84 obras en ejecución». Entre ellas, se destacan tendidos cloacales y pluviales en 3000 metros lineales, más otras 19 en el espacio público, como plazas y áreas deportivas.
Según la funcionaria, la regularización dominial llevaría una década. «Estamos diseñando los lineamientos adecuados para que, en un plazo máximo de diez años, todos puedan contar con su escritura. Es una tarea vital incluir en el marco institucional todos estos territorios, con los debidos derechos y responsabilidades. Hoy estamos trabajando en Los Piletones, el barrio INTA, la villa 20, Fátima y Cildáñez». El diputado Gustavo Vera (bloque Verde Alameda) dijo: «La última vez que el Estado pisó las villas fue en los 90. No hay control territorial».
TRABAJAR TODO EL MES PARA PODER PAGAR EL ALQUILER
María Acosta
Habitante de la villa 31
«Gano $ 3200 y esta semana me voy a mudar a una pieza que cuesta $ 3000 por mes, con baño compartido. Fue lo único que pude conseguir; es difícil que te alquilen si tenés chicos», dijo la mujer, de 27 años, que vive con su hija, Martina, y su mamá, Zulma.
Zulma Acosta
Habitante de la villa 31
«Como a mi hija se le va casi todo el sueldo en el alquiler, hago sándwiches y tortas para que ella los pueda vender en la calle. Así, tratamos de sobrevivir. A veces vuelve con todo lo que se llevó y no tenemos nada de plata.».
