La Procuradora General de la Nación llamó a atacar la corrupción judicial
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sostuvo que el “Consejo de la Magistratura estaba paralizado” y expresó su “esperanza de que esa situación cambie a partir de la nueva presidencia del organismo”, que encabeza desde hace un mes la jueza Gabriela Vázquez, a la vez que reclamó un “mayor interés político en examinar la conducta de jueces que son corruptos”.
“El nuevo paradigma debiera ser uno donde la corrupción judicial sea atacada”, señaló la jefa del Ministerio Público Fiscal en una entrevista publicada hoy por el diario Página 12.
“El Consejo de la Magistratura estaba paralizado. Como fiscal general hice graves denuncias contra jueces. No eran investigados, siguiendo con un corporativismo peligroso para la sociedad. Ese corporativismo partió del grupo corporativo de jueces que ocupan sitios en el Consejo. Tengo esperanza de que esa situación cambie a partir de la nueva presidencia del organismo”, detalló.
Y habló de “mantener un alerta”, ya que “debería haber mayor interés político en examinar más la conducta de jueces que son corruptos».»Pasó con José Luis Monti, a quien denuncié repetidamente. Le encontraron un millón y medio de dólares sin declarar. ¡A un juez comercial! La renuncia fue desestimada y de la causa penal no tenemos noticias. Supe que la Unidad de Información Financiera se presentó como querellante”, ejemplificó.
“Hay gente que aparece como abanderada de la lucha contra la corrupción y no tiene la misma conducta en materia de delitos económicos”, fustigó la procuradora, para recordar que “en la dictadura casi nadie hablaba de que los jueces debían ser independientes. En los ‘90 tampoco”.
“En cambio cuando el Ejecutivo quiso intervenir en la economía con controles que existen en todos los países avanzados, o con el cobro de impuesto o la persecución a las cuevas financieras, ahí se empezó a hablar de que los jueces eran atacados en su independencia”, puntualizó.
En ese sentido, Gils Carbó recalcó que “la cuestión a discutir no es solo la independencia” de los jueces sino “la dependencia respecto de los poderes fácticos y corporativos”.
