Investigan a familiares de Boudou
Amado Boudou, su familia y su círculo de negocios están bajo investigación judicial por enriquecimiento ilícito. Los padres del vicepresidente, sus hermanos, su ex novia, la entrepreneur Agustina Kampfer, su socio y amigo José María Núñez Carmona, su testaferro en la compra de la empresa Ciccone Alejandro Vandenbroele y otros prestanombres, están en la mira en una causa judicial a cargo del juez Ariel Lijo.
Además, en otro expediente que está radicado en el mismo juzgado, se investiga a varias personas que de la mano de Boudou llegaron a la administración pública y ocupan –algunos ya dejaron sus cargos- puestos importantes en el Estado.
Ellos son el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Diego Bossio; la presidente de la Casa de Moneda, Katya Daura; su esposo y empleado del Senado, Manuel Somoza; el presidente del Correo Argentino, Juan Claudio Tristán; quien fuera vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Hernán Fardi; el ex representante argentino en el banco Mundial, Guido Forcieri; y Roberto Aybar Domínguez, ex empleado de ANSES.
El caso se inició el año pasado, luego de una nota del diario La Nación donde se analizaban las declaraciones juradas de estas personas y se detectó un aumento promedio del 45% en los bienes. A partir de ese artículo se hizo una denuncia que el fiscal Gerardo Pollicita impulsó.
La semana pasada, el juez Lijo envió un exhorto a los Estados Unidos para conseguir información de las cuentas bancarias y la composición accionaria de varias sociedades radicadas en el estado de Florida.
Las empresas sobre las que se pidió información son Exim Trade LLC, Mahe Prop LLC, Tiguama LLC y BCNMIA2 LLC. Todas estarìan vinculadas a Fardi, quien, según consta en sus declaraciones juradas, consolidó en 2013 un patrimonio de 25 millones de pesos. En ese año sus bienes aumentaron en 6 millones de pesos. Había llegado a la administración pública de la mano de Boudou en 2008, cuando su patrimonio era de 2,8 millones de pesos.
Antes de la solicitud que realizó a los Estados Unidos, Lijo le había pedido información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la base E-Fisco. A partir de ese pedido el ente recaudador comenzó a enviar al juzgado las declaraciones juradas de los investigados, información sobre compra venta de autos, embarcaciones o inmuebles, sus movimientos bancarios y si hubiera constancias de operaciones de comercio exterior.
Por un lado la familia y los socios comerciales. Por el otro los allegados que Boudou colocó en cargos públicos relevantes. Todos son investigados por enriquecimiento ilícito. Igual que el vicepresidente de la Nación, que además está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles por el Caso Ciccone, y por tener un auto con papeles truchos.
