Funcionarios colombianos viajaron a la frontera con Venezuela
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, viajaron hoy a la ciudad de Cúcuta para conocer la situación en la frontera , cerrada por orden de Nicolás Maduro desde el jueves pasado.
Holguín y Otálora examinarán la crisis causada por la deportación de cerca de 400 colombianos, entre ellos 42 menores de edad.
«Más allá de las disposiciones administrativas y legales autónomas en cada nación, existen situaciones que vulneran los derechos fundamentales de los connacionales», subrayó la Defensoría del Pueblo.
El pasado jueves los pasos entre el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el estado de Táchira (Venezuela) fueron cerrados por orden de Maduro, tras un ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que dejó tres uniformados y un civil heridos.
Luego del cierre de la frontera, el mandatario decretó el estado de excepción en Táchira por 60 días prorrogables, medida que entró en vigencia el sábado, y cerró «hasta nuevo aviso» todos los pasos fronterizos con Colombia en esa región, por la acción de contrabandistas y paramilitares.
Entretanto, en las últimas horas la Defensoría gestionó albergue temporal para 180 ciudadanos que cruzaron por una trocha aledaña al puente internacional Simón Bolívar, y que al no tener refugio solicitaron la intervención humanitaria.
Según los registros oficiales, son más de 390 las personas que fueron obligadas a abandonar sus sitios de residencia en barrios como Mi Pequeña Barinas, Antonio José de Sucre y Esequiel Zamora, al otro lado de la frontera.
Entre las personas expulsadas de Venezuela hay 42 niños y adolescentes, mientras que otros 34 menores de edad debieron quedarse en el vecino país sin sus familiares, de acuerdo con las quejas expresadas por los deportados.
La Defensoría recibió ayer 22 declaraciones formales de colombianos que denunciaron malos tratos, atropellos y amenazas de la Guardia Venezolana, lo que generó indignación por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Un equipo del organismo defensor colombiano ya se encuentra en la zona fronteriza para fortalecer las tareas humanitarias y analizar las quejas presentadas.
Este hecho «ha fracturado decenas de hogares y creado incertidumbre de los niños y adolescentes que permanecen en territorio venezolano y ha causado serios perjuicios para la manutención de las familias y para el comercio binacional», denunció la Defensoría.
