Grupos armados amenazan las elecciones en 268 municipios colombianos

Las elecciones regionales y de alcaldes del próximo 25 de octubre en 268 municipios colombianos están en riesgo ante la presencia de grupos armados fuera de la ley, informó hoy la Defensoría del Pueblo.

Esta suma equivale al 24,3 % de los 1.101 municipios que tiene Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La entidad ha registrado en lo que va de año seis homicidios de candidatos o familiares y otros seis más de funcionarios públicos en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Boyacá, Chocó y Quindío.

La Defensoría señaló que la mayor amenaza para la próxima jornada electoral la constituyen las bandas criminales surgidas a partir de la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, con una incidencia verificada en 156 municipios.

También suponen una fuente de riesgo, aunque en menor medida, las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 128 localidades y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que amenaza el proceso electoral en 79. En algunos municipios actúan de manera simultánea varios de estos grupos armados al margen de la ley.

Según la Defensoría, el alto el fuego unilateral iniciado por las FARC el pasado 20 de julio, que fue prolongado por un tiempo indeterminado un mes después, redujo las acciones bélicas de esta guerrilla que se producían con mayor asiduidad en el desarrollo del proceso electoral.

A diferencia de lo ocurrido en las elecciones para alcaldes de 2007 y 2011, cuando el factor de riesgo más importante estaba relacionado con atentados y ataques, en el actual proceso la mayor amenaza son las intimidaciones a los candidatos, las presiones a los votantes y las restricciones de movilidad.

En este sentido, las amenazas contra candidatos y es la variable más repetida dentro de los 106 hechos de violencia que se han registrado hasta ahora en 87 municipios de 27 de los 32 departamentos del país.

Igualmente, la Defensoría denunció presiones a la población por cuenta de la guerrilla, así como limitaciones de movilidad para ciertos candidatos.

Con relación a las acciones armadas registradas en las elecciones de 2011, la entidad evidenció una reducción del 24% en el número de municipios amenazados y en riesgo, pasando de los 356 a los 268 actuales.