En esta nueva decisión respecto al caso de la muerte del ex titular de la UFI-AMIA, el Poder Ejecutivo dispone “la desclasificación de la totalidad de la documentación, archivo y/o información que, en cualquier soporte, tenga o registre la Agencia Federal de inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y/o cualquier otra dependencia respecto del fiscal general Natalio Alberto Nisman desde el mes de septiembre de 2012 hasta el presente».

La orden emanada por el presidente Mauricio Macri abarca toda información ya «sea de origen de inteligencia nacional o proveniente de servicios colaterales, en cuyo caso se deberá preservar las identidades de los agentes de inteligencia pertinentes».

Asimismo, se instruye a los organismos citados “para que, dentro de los 30 días de publicado el presente decreto, remitan la totalidad de la documentación, archivo y/o información precitada al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 25, Secretaría N° 161”.

En los considerandos del decreto publicado este viernes se explica que desde ese tribunal se libró un oficio mediante el cual «se solicitó la instrumentación de los medios que resulten necesarios, a efectos de que se desclasifique y remita a estos estrados toda la documentación, archivo y/o información que, en cualquier soporte, tenga o registre respecto del fiscal general Natalio Alberto Nisman desde el mes de septiembre de 2012,…, hasta el presente».

Para acceder a ese pedido judicial, el Gobierno recuerda «que el artículo 16 ter de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 modificada por su similar N° 27.126 establece, entre otros extremos, que ‘el Poder Ejecutivo Nacional podrá ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información y determinar el acceso total o parcial a la misma por acto fundado si lo estimare conveniente para los intereses y seguridad de la Nación y sus habitantes'».

En otro párrafo de los considerandos, la administración macrista enfatiza que «considera esencial el esclarecimiento del hecho investigado en la citada causa» y «que en consecuencia corresponde disponer las medidas solicitadas por el Juzgado interviniente».

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero del año pasado en el baño de su departamento del piso 13 de la torre Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza.

Su deceso se produjo un día antes de que el entonces titular de la fiscalía encargada de investigar el atentado a la AMIA tuviera que asistir al Congreso para explicar la denuncia por presunto encubrimiento del ataque terrorista contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes políticos, por el Memorándum de Entendimiento con Irán.