Mañana votan para decidir si se habilita nueva reelección del presidente Evo Morales
MÁS DE 6,5 MILLONES DE CIUDADANOS BOLIVIANOS, EMPADRONADOS EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR PODRÁN VOTAR MAÑANA EN UN REFERENDO CONSTITUCIONAL QUE HABILITARÁ O NO UNA NUEVA REELECCIÓN EN EL 2019 DEL PRESIDENTE EVO MORALES Y SU VICE, ALVARO GARCÍA LINERA, COMO COROLARIO DE UNA CAMPAÑA EN LA QUE SE ACUSÓ AL MANDATARIO DE CORRUPCIÓN Y UNA PROTESTA QUE DERIVÓ EN EL INCENDIO DE LA ALCALDÍA OPOSITORA DE EL ALTO, DONDE MURIERON SEIS PERSONAS.
En una votación que se presenta con resultado incierto para los planes del gobierno, los más de 250.000 bolivianos radicados y empadronados en el exterior podrán volver a votar, como lo hicieron en octubre del 2014, cuando se reeligió al presidente Morales. Casi la mitad de estos votos consulares son de ciudadanos radicados en la Argentina, donde Morales se impuso con mayor amplitud que dentro de Bolivia, donde superó el 60 por ciento.
La campaña se abrió en octubre de 2015, cuando organizaciones sociales y organizaciones indígenas representadas por la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) y la Central Obrera Boliviana (COB) formularon la propuesta de esa reforma constitucional a la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento).
La reforma consiste en el cambio de redacción del artículo 168 de la Constitución para que establezca que el mandato del binomio presidencial podrá presentarse a dos reelecciones de manera contínua, en lugar de una sola vez, como lo indica actualmente.
El legislativo, dominado por más de los dos tercios por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), sancionó esa ley de reforma parcial de la Constitución, luego de 18 horas de debate, el 5 de noviembre pasado.
La denuncia del periodista cruceño Carlos Valverde sobre «tráfico de influencias» del presidente Morales con su ex pareja hasta 2007, Gabriela Zapata, con quien tuvo un hijo fallecido a poco de nacer, y gerenta comercial desde 2012 de la empresa china CAMC, contratista del Estado por más de 500 millones de dólares, impactó en los medios de prensa y las redes sociales en una campaña prácticamente carente de debate programático.
El gobierno no sólo desmintió esas acusaciones y llamó a que sean investigadas por la Fiscalía y el Legislativo, sino que recordó que Valverde fue miembro de los servicios de inteligencia de anteriores gobiernos de tendencia neoliberal, y que mantuvo por lo menos tres reuniones con funcionarios de la embajada de Estados Unidos, una de ellas con su encargado de negocios y a cargo de la representación diplomática Peter Brennan.
Por ese motivo, el gobierno acusó al gobierno de Estados Unidos de un nuevo intento de desestabilización y dijo estudiar si existen pruebas de eso, en cuyo caso amenazó con la expulsión de Brennan, como lo hizo en 2008 con el ex embajador Philip Goldberg, a quien responsabilizó por promover la secesión de sectores opositores del oriente boliviano.
Lo cierto es que las encuestas difundidas por la prensa boliviana hablaban hasta hace poco con un empate técnico entre el «Sí» y el «No» a la habilitación de una nueva reelección, mientras la última, realizada a pedido del diario opositor Página Siete, dio una ventaja de 19 puntos al rechazo a la reforma constitucional.
Finalmente, una movilización de miles de alteños reclamando a la alcaldía de esa ciudad vecina a La Paz y gobernada por la opositora Soledad Chapetón terminó el miércoles último, a cuatro días del referendo,con un grupo de personas ocupando ese edificio y provocando un incendio en el que murieron seis funcionarios y quedaron heridos otros 26 por asfixia y contaminación con el humo.
Chapetón acusó a la policía alteña de responsabilidad en lo ocurrido por falta de protección y a un ex candidato a concejal del gobernante MAS de ser uno de los autores intelecutales del luctuoso acontecimiento, por lo que declaró que el gobierno cerró «con sangre» la campaña electoral y llamó a votar por el «No» a la reforma.
El gobierno relevó al jefe policial de El Alto y detuvo a ese ex candidato y a otras seis personas presuntamente vinculadas con esos hechos, mientras el vicepresidente, García Linera, pidió celeridad en la investigación del luctuoso acontecimiento para encarcelar a los responsables y «no utilizar políticamente» la muerte de esas seis personas.
