Una era de más de trece años de gobiernos democráticos del Partido de los Trabajadores (PT) terminó este jueves en Brasil por el voto de 55 senadores que dieron vía libre al juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y determinaron la suspensión de la mandataria por 180 días, por lo que fue reemplazada por un gobierno de centroderecha encabezado por el hasta ahora vicepresidente, Michel Temer.
El giro del gigante sudamericano, con media clase política salpicada por escándalos de traiciones y corrupción, se hace nítido en algunas designaciones en el gabinete de Temer, quien contará con un canciller, José Serra, enfrentado al llamado “eje bolivariano” y con recientes pronunciamientos contrarios al Mercosur; y un ministro de Economía, Henrique Meirelles, ligado a la banca y considerado como un “mimado” de los mercados.
Temer eligió ministros de nueve partidos de derecha y centroderecha con representación parlamentaria con lo que apunta a reunir apoyos suficientes para imponer sus políticas en el Congreso.
La suerte de Rousseff quedó echada en la madrugada de este jueves, cuando los pronósticos de suspensión se cumplieron y 55 senadores contra 22 votaron por la suspensión de seis meses de la presidenta y la apertura de un juicio político que puede terminar en sus destitución.
“La mayor de las brutalidades que se puede cometer contra un ser humano es castigarlo por un crimen que no cometió», dijo Rousseff en su despedida, luego de reiterar que se siente víctima de un golpe de estado.
Dilma, quien ganó la reelección por un ajustado margen de votos hace menos de un año y medio, fue acusada de cometer irregularidades en la asignación de diferentes partidas presupuestarias, un cargo sin relación con los escándalos de corrupción que afectan a decenas de políticos brasileños de distintas fuerzas -oficialistas y opositoras-, incluso algunos que actuaron como “fiscales y jueces” de la presidenta.
Su segundo gobierno estuvo marcado por serias dificultades económicas que la llevaron a poner en marcha medidas de ajuste a las que antes se había opuesto, al tiempo que la imagen del PT se deterioraba por denuncias de corrupción en contra de varios de sus dirigentes.
En un discurso en el Palacio del Planalto y rodeada de colaboradores después de haber sido notificada de sus suspensión, añadió que el juicio político que le tocará afrontar no pondrá en juego su mandato sino “el futuro” del país.
La mandataria evitó salir del edificio por la rampa que habitualmente utilizan los presidentes que entregan el cargo para dejar claro que, como lo dijo en el discurso, seguirá luchando por volver a la jefatura del Estado.
El fundador del PT y descubridor de Dilma, el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, en cambio, no pudo esconder su abatimiento y se mantuvo en un largo silencio y en un discreto segundo plano.
@fotoD@ Rousseff también debió firmar un decreto en el cual exoneró a todo su gabinete, menos al presidente del Banco Central, Alexandre Tombini.
Alejado de Dilma, quien era el vicepresidente del país, Michel Temer, fue notificado de que debía asumir la presidencia, un trámite que se cumplió sin ceremonia alguna debido al carácter interino que tendrá su mandato.
Si Rousseff es finalmente destituida, Temer quedará en la Presidencia hasta el 1 de enero de 2019.
Temer es el líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la agrupación política más numerosa del país, que llega por tercera vez al gobierno sin haber ganado una elección por sí solo, debido a que los anteriores jefes de Estado de esa fuerza política llegaron por muerte o renuncia del elegido jefe del Estado.
En la votación decisiva del Senado, que terminó a las 6.30 de Argentina, 55 legisladores votaron por la suspensión y 22 en contra. Tres estuvieron ausentes y el presidente del cuerpo, Renan Calheiros, no votó.
De acuerdo con la legislación vigente, Rousseff deja por un plazo máximo de 180 días, el mismo que tendrá el Senado para realizar el juicio, que será presidido por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), Ricardo Lewandowski.
La mandataria retiró en la noche del miércoles sus pertenencias del despacho del tercer piso del Planalto, incluidos sus libros y las fotos de su hija y sus nietos.
La caída de Rousseff generó reacciones en el mundo entero. En Sudamérica hubo países que se sumaron a la denuncia del golpe, como Venezuela y Ecuador, y otros se limitaron a declarar su respeto por los procesos institucionales de Brasil.
Estados Unidos también se manifestó con cautela, la Unasur pidió garantías de defensa para Rousseff y no descartó que algún país pueda pedir la aplicación de la “clausula democrática”, un mecanismo que se aplica cuando una democracia está amenazada.
