La Cámara de Diputados aprobó esta noche y envió al Senado el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo que reintegra un porcentaje del IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales, en una maratónica sesión en la que ya recibió media sanción la ley de Acceso a la Información Pública y en la que todavía está pendiente el debate de una norma antidespidos.

La iniciativa, que recibió 232 votos a favor de y abstenciones contempla la devolución de hasta un 15 por ciento del IVA en las compras de productos de la canasta básica que realicen quienes perciben la jubilación mínima, pensiones por fallecimiento, pensiones no contributivas nacionales, la Asignación Universal por Hijo y la asignación por Embarazo.

El oficialista interbloque Cambiemos consiguió un amplio consenso para aprobar la iniciativa, que atravesó en Diputados un intenso debate en comisión y varias modificaciones.

La norma establece que, para percibir el reintegro del IVA, las compras deben ser realizadas con tarjetas de débito o crédito habilitadas por la AFIP.

Si bien se fija un tope de 300 pesos por mes de devolución, ese monto será ajustado en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Indec, que será difundido a partir del mes próximo.

En una sesión que se inició pasada las 12.30 y que dio media sanción al proyecto oficial de acceso a la información pública, el titular de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), resaltó que la ley pensada para jubilados y beneficiarios de planes sociales busca «crear IVA progresivo».

Desde el Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista cuestionaron el proyecto por considerar que sólo habilita la devolución del IVA a las compras realizadas a través de tarjetas de débito o crédito.

También, la oposición había reclamado la ampliación del universo de beneficiarios, como por ejemplo a los inscriptos en el plan Progresar, en el monotributo social y el personal doméstico, entre otros.

Para Laspina, la propuesta da un paso más hacia la «creación de una estructura tributaria más progresiva en Argentina» y «universaliza el acceso a los medios electrónicos» de los sectores más vulnerables.

Según el texto aprobado,. la magnitud del reintegro «no podrá ser inferior al 15 por ciento del monto de las operaciones», en tanto «no supere el monto máximo que establezca el Poder Ejecutivo sobre el costo de la canasta básica de alimentos».

Además se aclara que «hasta tanto el Indec no publique la canasta básica de alimentos, el monto máximo será de 300 pesos por mes y por beneficiario» y que ese valor deberá ser modificado por el Ejecutivo «en función a la variación de la canasta, en los meses de julio y enero de cada año, a partir de enero de 2017».

El ex ministro de Economía y legislador del Frente para la Victoria, Axel Kicillof, expresó su «apoyo en general» al proyecto, pero alertó que la norma que impulsa el oficialismo no es de carácter directo porque primero «manda a los que necesitan ayuda a bancarizar más la economía».

Los diputados Diego Bossio (Bloque Justicialista) y Carlos Heller (bloque Solidario) dijeron que la ley tiene «graves problemas de implementación» y reclamaron la aplicación directa del beneficio, sin medios electrónicos.

«Estamos corriendo atrás con las soluciones sociales; la inflación termina siempre ganando cualquier programa que uno lleva adelante», lamentó, por su parte, el legislador Marco Lavagna (Frente Renovador).