Corte pide informe por aumento y aguardará «reseteo judicial»
Pese a tener un ojo puesto en la conferencia de prensa en la que el Gobierno anunció que iba a atenuar el tarifazo de gas, nada modificará el temperamento que la Corte Suprema iba a adoptar en su última reunión de acuerdo, previa al inicio de la feria judicial. Como adelantó Ámbito Financiero, los cuatro integrantes del máximo Tribunal tenían definido abrir la instancia del «per saltum» sin pronunciarse sobre su validez, con un pedido de informes exhaustivo al Ejecutivo y la exigencia de convocar a una audiencia pública para definir el cuadro tarifario. Los sondeos informales no auguraban buenas nuevas para la Casa Rosada, que ya sintió el golpe del fallo de la Cámara Federal de La Plata, por lo que se apresuró a un «reseteo judicial» con nuevas resoluciones que buscan dejar abstractos todos los planteos ya judicializados sobre las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía.
A las 10 de la mañana, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti se encontrarán en la reunión de Acuerdos para abrir la instancia de tratamiento de los saltos de instancia interpuestos por el Gobierno, con la certeza de que lo realmente importante será analizar la sentencia de la Cámara platense, algo que por los plazos procesales, recién escalaría al regreso del receso invernal. Con su propia jugada, el Ejecutivo dejó instalada la intención de llamar a audiencia pública pero la pateó para octubre, un intento de restar argumentos a futuros planteos por la vía judicial que objeten el paso previo legislado para cambios en las tarifas, que había sido ignorado. Con esto y el dictado de nuevas resoluciones por parte de la cartera energética buscó anticiparse a la recomendación/exigencia de la Corte y agarrarse de la supuesta omisión de los jueces platenses de contemplar la denominada «tarifa social». Desde ese tribunal, ni se mencionó el tema puesto que ordenaba retrotraer la situación previa al tarifazo, con lo que el beneficio social fue considerado aleatorio. Con este argumento, desde la cartera energética retrasaron la presentación del recurso extraordinario para ir a la Corte por el fallo de La Plata que tuvo alcance nacional, enmarcado en un reclamo colectivo.
Sin embargo, los mensajes recibidos en el Gobierno preanunciaban que la Corte no pagaría el costo político de apuntalar la postura oficial, validar el «per saltum» y arrastrar todas las medidas cautelares de un plumazo, con vistas a tener que tratar el verdadero fallo de fondo, recién a mediados de agosto. En este nuevo escenario, los jueces supremos aguardarán el correlato de los anuncios con su implementación. Allí, el Gobierno corre el riesgo de replicar un panorama judicializado de los aumentos tarifarios como el que enfrentaba, pero en un intento de restarles validez a los planteos realizados contra dos resoluciones de la cartera que preside Juan José Aranguren que fueron emparchadas sobre la marcha.
Los supremos ayer reemplazaron la reunión informal con intensas comunicaciones entre ellos para terminar de definir el núcleo común de coincidencias, mientras en Balcarce 50 se cocinaba una salida política al embrollo judicial en el que quedaron sumidos los aumentos. De momento, para alivio del Ejecutivo, se dejaría de lado el pedido de intervención por «competencia originaria» dado el conflicto de provincias enteras contra lo dispuesto por la administración central. Sin el fantasma del fallo platense con plenos efectos durante todo el receso, el tiempo de feria comienza a jugar ahora a favor del Gobierno.
