Gils Carbó dictaminó contra tarifazo y apuntó a falta de audiencias
Finalmente la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó presentó su dictamen sobre tarifazo, apuntando a la falta de audiencias públicas y a favor de los amparos que frenan las subas en las tarifas de gas y luz.
La medida, si bien no es vinculante, representa el primer revés jurídico sobre el tarifazo, en la recta final para el fallo definitivo en el que trabaja la Corte Suprema de Justicia por los aumentos de gas, con miras a resolver este jueves.
En el documento, de 18 carillas, la jefa de los fiscales hizo especial énfasis en la ausencia de audiencias públicas previas a disponer los nuevos cuadros tarifarios y retomó antecedentes de jurisprudencia y la opinión de una decena de dictámenes fiscales que otorgaron cautelares a favor de los usuarios y consumidores.
En su dictamen, difundido en la página web fiscales.gob.ar, la Procuradora recordó que todos estos estamentos del Poder Judicial «se expidieron a favor de la procedencia de la suspensión cautelar del aumento tarifario solicitada, por haberse omitido la realización de una audiencia pública previa».
La Procuradora también estimó que correspondírechazar el planteo del Estado Nacional, según el cual las normas cuestionadas fueron dictadas en el marco de las leyes de emergencia, sobre cuya base el Ejecutivo dispuso que la audiencia sólo regía para la Revisión Integral de Tarifas y no para aumentos transitorios.
Tras el análisis de la normativa, consideró que «las resoluciones 28/2016 y 31/2016 impusieron a los usuarios y consumidores un aumento significativo que impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales».
Para la Procuradora, «desde el punto de vista de los usuarios, ello descarta el carácter transitorio que le atribuyó el Estado Nacional a las medidas cuestionadas».
Gils Carbó citó el propio informe del Poder Ejecutivo presentado ante la Corte Suprema de Justicia, en el cual se destaca que «el treinta y ocho por ciento (38%) de los usuarios se ve afectado por aumentos que superan el cuatrocientos por ciento (400%)».
Al respecto, señaló: «La incidencia del aumento es, incluso, más severa en el caso de los usuarios de las categoríSGP (pequeños consumos comerciales o industriales), dado que el cien por ciento (100%) debe afrontar aumentos que en promedio superan el quinientos por ciento (500%), e incluso en algunos casos alcanzan el mil quinientos por ciento (1.500%)».
Por otra parte, respecto de la invocación de las normas de emergencia, la Procuradora General consideró que estas leyes «lejos de entender que la celebración de audiencia pública obstaculiza la renegociación, la concibieron como una herramienta útil» para proteger «el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios».
Este es el paso previo imprescindible para la ambición del Gobierno de obtener un fallo favorable de la Corte. Con el escrito, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti quedarán habilitados para tomar una decisión que, de postergarse, podría incluir como quinto voto a Carlos Rosenkrantz, próximo a asumir el lunes.
