El juez federal Ariel Lijo reclamó los libros contables de la fundación SUMA, que preside Gabriela Michetti, en una comunicación que tuvo con el abogado de la vicepresidente, Ricardo Gil Lavedra. Desde la ONG indicaron que esa documentación estaba en poder del contador y será remitida mañana. A su vez, la AFIP informó que la asociación recibió en 2015 aportes por más de cuatro millones de pesos.
Las diligencias se realizaron en el marco de la causa que investiga el origen del dinero que le robaron a la funcionaria de su casa el día que ganó el ballotage acompañando en la fórmula presidencial a Mauricio Macri. Ayer, Michetti ya oficializó el cambio de abogados y ahora su representante legal es el prestigioso jurista radical Gil Lavedra.
Fuentes del caso confirmaron que en la sede de SUMA, los libros requeridos por el magistrado no estaban y se les explicó que esos registros se encontraban en poder del contador, por lo que se comprometieron a presentarlos mañana en los tribunales federales.
Además, Lijo recibió informes de la AFIP que precisaron que solo durante 2015 la fundación recibió 4.100.000 pesos. Ahora se busca esclarecer si esos fondos estaban bancarizados o no.
La vicepresidente y su flamante abogado, Ricardo Gil Lavedra (NA) La vicepresidente y su flamante abogado, Ricardo Gil Lavedra (NA)
El robo ocurrió el 22 de noviembre pasado, pero recién se conoció semanas atrás. Según la denuncia, a Michetti le sustrajeron 200 mil pesos que pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación SUMA y unos 45 mil que, según Michetti, eran para una refacción y el manejo de la casa, mientras había otros 50 mil dólares de un préstamo de su novio, Juan Tonelli.
Un abogado, Leandro Martínez Herrero, denunció el hecho y diputados kirchneristas pidieron investigar no solo la fundación SUMA sino otras fundaciones relacionadas a funcionarios del PRO. Ahora, Lijo dispuso una orden de presentación en la sede de la Fundación para llevarse los libros contables y chequear información que no consta en la documentación enviada por la Inspección General de Justicia (IGJ) en el caso.
