El presidente Mauricio Macri le perdonó a su familia más de 70.000 millones de pesos de la deuda de Correo Argentino con el Estado. Se trata de la antigua deuda de esta empresa de la familia Macri, que lleva más de 15 años empantanada en los tribunales. En ese tiempo, el Estado rechazó propuestas de pago del Grupo Macri por considerarlas abusivas, pero ahora fue el propio Macri quien condonó las deudas de su propia familia, aceptando -como brazo ejecutor del Estado argentino- una quita del 98,82 por ciento de la deuda. Y también les adjudicó un prudente tiempo de pago para el porcentaje restante: hasta 2033.
Según consigna el informe, este desfalco para el Estado Argentino, comenzó por una iniciativa propia del Gobierno, y no de la empresa. «Fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de mayo de 2016 y “adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”, según aseguró la fiscal Gabriela Boquín.
En esa pseudo negociación, el Estado Nacional aceptó de forma irregular la propuesta de pago de la enorme deuda, con lo cual se perjudicó el patrimonio del Estado Nacional.
Según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta significa lo siguiente: una quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda que tenían con el Estado.
Rotundo rechazo
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo.
La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Asimismo, la representante del MPF advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso.
Destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”. En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de homologación- analizó la última propuesta realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del propio Estado Nacional siendo este titular del 32,65% del pasivo concursal.
La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI de la Procuración General de la Nación: la segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia- “mejoraba” el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual).
Del análisis económico surge que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”, aseveró Boquín.
En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
Su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.
La Fiscalía advirtió que “se encuentran en juego fondos públicos destinados a la satisfacción del bien común, por lo que rige un régimen específico, de carácter publicístico y con principios orientados a la preservación de dichos intereses generales”.
Finalmente, Boquín formuló reserva para acceder por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en caso de que haya una sentencia contraria a lo dictaminado.
