Para el Gobierno «no hay un problema político, sino técnico-judicial» en el acuerdo con el Correo Argentino
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que el polémico acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino «no es un problema político, sino técnico-judicial». Adelantó que pedirán un «veredicto técnico» a la Auditoría General de la Nación.
En una esperada conferencia de prensa que se realizó en la residencia presidencial de Olivos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, volvió a defender el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, empresa propiedad de Franco Macri, por una deuda del año 2001, y pidió una audiencia «urgente» de la Cámara federal para que aborde de «forma integral» el tema. Esto es: que se tengan en cuenta los reclamos de ambas partes.
Asimismo, Peña informó que se le solicitará a la Auditoría General de la Nación (AGN) que se exprese sobre el acuerdo, el cual calificó de «técnico, no político». En ese sentido, reiteró que «no hay conflicto de intereses» pese a que se trata de una empresa propiedad del grupo familiar del presidente Mauricio Macri, SOCMA encabezada por su padre, y el Estado nacional.
«No es un problema político, es técnico-judicial, por lo que nunca fue debatido con el Presidente. El Estado interviene a través de sus áreas competentes, no todas las acciones pasan por decisiones del Presidente, sobre todo cuando están en estado judicial», amplió.
El jefe de Gabinete sostuvo que «lo que nosotros planteamos tiene que ver con integrar las demandas en una sola acción. Planteamos que la Cámara integre todas las discusiones para que no haya desequilibrios. Si hay un perjuicio para el Estado es por no haberlo resuelto en estos 12 años».
«Nuestro planteo es muy claro: se obró según la ley en el marco de una discusión judicial, con total transparencia. La transparencia y legalidad es total, tenemos absoluta y plena convicción de ello», añadió.
Peña estuvo acompañado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, uno de los responsables de avalar el acuerdo con el Correo, el cual fue objetado por la fiscal de la Cámara federal y recibió fuertes críticas de la oposición.
Aguad reiteró que «jamás consulté este tema con el Presidente. Él tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión de familiares, lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con los tres poderes del Estado».
Pidió además «que la Justicia busque institucionalmente un mecanismo que solucione este problema» y se mostró «a disposición del Congreso para el día que me convoque».
Por otra parte, justificó que «no se consultó con la Oficina Anticorrupción porque no tiene que ver con la corrupción».
Esta mañana, el presidente Macri coordinó en Olivos una reunión del gabinete nacional, en la que se analizó el acuerdo con el Correo para saldar una deuda de más de u$s 300 millones que mantiene desde hace 15 años.
La fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, consideró que la homologación de ese acuerdo tendría un serio perjuicio para los fondos públicos e implicaría un beneficio al Grupo Socma. Para el Gobierno, en cambio, todo se hizo de forma transparente, y asegura que no se le perdonó «ni un mango» al padre del Presidente.
En su dictamen ante lo que deberán resolver los camaristas del fuero, Boquin advirtió que la propuesta llevaría a una quita de $70 mil millones a 2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta «que directa o indirectamente beneficie» a familiares del presidente de la Nación, Mauricio Macri. El Gobierno había aceptado la propuesta de Correo Argentino en junio del año pasado.
La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado «equivale a una condonación» de la deuda «y debe considerarse abusiva» en tanto implicaría, de acuerdo con los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de $4 mil millones en la actualidad y de más de $70 mil millones a 2033.
Asimismo, advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Boquin destacó que «la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA».
El Estado Nacional es titular del 32,65% del pasivo concursal de la firma. La segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia (del 28 de junio de 2016)- «mejoraba» el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que «el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada implica una quita velada del orden del 98,82%», de acuerdo con el cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.
La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad «es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional». «Familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie», apuntó la fiscal.
Ayer, el procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó una auditoría para determinar cómo se llegó a ese acuerdo. Además ordenó iniciar un sumario administrativo.
La Procuración dispuso un «sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino sobre Concurso Preventivo y establecer las posibles responsabilidades administrativas que pudieran corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes».
Así se expidió el jefe de los abogados del Estado luego del dictamen firmado el viernes pasado por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez ante la supuesta falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y en posible violación a la ley de Ética Pública.
Desde la oposición vienen criticando fuertemente el convenio entre el Estado y la empresa de Franco Macri. La justicia federal recibió la semana pasada otras cuatro denuncias penales contra el Presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, por «defraudación contra la administración pública» en relación al acuerdo firmado entre el Gobierno y el Correo Argentino que le condona a la familia Macri una deuda multimillonaria con el Estado.
