Organizaciones de DDHH denuncian «retrocesos» y «estancamiento» en políticas del sector
El 24 de marzo de 1976 la junta militar conformada por Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti, los representantes de las tres armas, derrocó al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón instaurando una de las dictaduras más cruentas de Latinoamérica. A 41 años de esa noche oscura, ámbito.com dialogó con diversas figuras de los DDHH, quienes denunciaron que en los últimos dos años se vivieron «retrocesos» en las políticas estatales dedicadas a su área.
Una de las agrupaciones históricas que participan asiduamente en la lucha por exigir justicia para los 30 mil desaparecidos es Madres de Plaza de Mayo. Consultada por este medio, su titular, Hebe de Bonafini, expresó: «A partir de la asunción de (Mauricio) Macri, hemos retrocedido en todo sentido. Desde los juicios de lesa humanidad, hasta en la cultura, pasando por la educación y el trabajo».
En esa línea, la dirigente criticó duramente al Presidente y a su gabinete: «Ellos son grandes responsables, con su empresas aportaron para la dictadura. Han sido cómplices históricos de esta situación, por eso no apoyan la causa: no quieren sentirse juzgados».
A fines del 2016 y a raíz de una denuncia de HIJOS La Plata, el diario Tiempo Argentino descubrió que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) había rehabilitado la prisión militar de Campo de Mayo, sitio cerrado desde el año 2013 y que hoy es tildado por los denunciantes como una «prisión VIP» para condenados por delitos de lesa humanidad. La reapertura de ese «alojamiento transitorio de los internos condenados o procesados por delitos de lesa humanidad» se habilitó mediante la resolución 2004/16.
Consultada acerca de esta situación, la titular de Madres afirmó que los detenidos alojados allí (son más de 50) gozan de «acceso a la televisión y a diversas comodidades». «Los fueron pasando de a poco, lo que pasa es que en este contexto, esas cosas pasan por encima. La opinión pública está ocupada en otros temas», denunció.
Según un informe presentado por la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad dependiente del Ministerio Público Fiscal, en la Argentina hay un total de 750 personas condenadas por crímenes de esa índole y casi 800 procesados por ese mismo motivo. De todos modos, los datos arrojan que de la totalidad de imputados, la mayoría está en libertad y que de estos, la mayor parte cumple prisión domiciliaria. Además, 118 causas aguardan el juicio oral mientras que solo el 25% de las condenas está firme.
En este sentido, la abogada Guadalupe Godoy, quien representó al albañil Jorge Julio López, hasta el día de hoy desaparecido en democracia, en el juicio que culminó con la condena a prisión perpetua del expolicía Miguel Etchecolatz, denunció a este medio que «hoy los discursos oficiales que aparecen son negacionistas del terrorismo de estado; dicen que el Gobierno cree en la Teoría de los Dos Demonios, pero yo no creo que sea así. Creo que su lectura gira en torno a instalar que la dictadura fue consecuencia de la violencia política, lo que nos afecta directamente en el presente ya que juzga a la sociedad como ‘violenta'».
«Es cierto que hay juicios paralizados. En La Plata, que es uno de los bastiones de la causa, hace un año y medio que no tenemos un gran juicio por lesa humanidad. También hemos vivido el desmantelamiento de programas que aportaban mucho a los juicios. Por ejemplo, el de la Dirección de DDHH del Ministerio de Defensa que nos proveía del análisis de legajos para realizar nuevas imputaciones», afirma Godoy. Además, la letrada denunció que se suspendieron programas de contención de testigos. «Hay una ofensiva a nivel simbólico que pone en cuestionamiento las verdades que hemos logrado a lo largo de estos años «, sentenció.
Por su parte, María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), va más allá con su análisis de la situación: «No veníamos del paraíso. Durante los últimos doce años, en la gestión kirchnerista, se utilizó desde el gobierno nacional la reivindicación de más de 30 años de lucha como parte de su aparato de propaganda».
Sin embargo, la dirigente reconoce: «Hoy estamos infinitamente peor, no queda la menor duda. Nos encontramos frente a un Gobierno que reivindica el terrorismo de estado y la dictadura cívico- militar- eclesiástica. Así como la política de Alfonsín se basó en la Teoría de los Dos Demonios y la de Menem en la reconciliación con los militares, la de Macri es abiertamente reivindicacionista de la dictadura».
«Por eso, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ha recibido a organizaciones que reivindican el terrorismo de estado», afirma. Además, Verdú admite que «fue un avance lograr la nulidad de las leyes de impunidad pero critica que, al dividir los juicios y hacerlos por víctimas y no por zona, hay cerca de 500 de estos procesos activos por centro clandestino, un sistema dañino para las víctimas ya que se ven obligadas a dar testimonio en múltiples ocasiones.
En esa línea, José Schulman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, opina que «Avruj aplica las políticas que el Gobierno le impone. Ha tenido grandes gestos de negacionismo». «No puntualizamos en nombres, discutimos políticas y creemos que todo lo que ocurre es parte de un plan. Estamos viviendo en un contexto donde tenemos mucho miedo de que regrese la represión», concluye.
