El Conicet recomendó al Gobierno «no avanzar en el corto ni mediano plazo» con el voto electrónico
Un informe del Conicet recomendó al Gobierno «no avanzar en el corto ni mediano plazo» con la implementación de la Boleta Única Electrónica, ante lo cual resaltó que la incorporación de tecnología en las distintas fases de los comicios debe hacerse «en forma gradual y progresiva» a través de «proyectos piloto y a menor escala».
La publicación del informe, en octubre pasado, indicaba que la investigación fue por un «requerimiento del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda», que tiene a su cargo la organización de las elecciones, pero voceros de esa cartera aseguraron que no fue así.
«No lo encargamos, porque no hay un convenio entre el Ministerio del Interior y el Conicet», apuntaron en el Ministerio del Interior, donde aclararon que no cuestionan el informe en sí pero que la investigación «no se refiere al proyecto de ley» que el Gobierno había enviado al Congreso «si no a los sistemas en general».
El objetivo del trabajo del Conicet era «realizar un análisis de factibilidad de un sistema de voto electrónico que contempla a la boleta única».
«Este análisis implica la investigación de distintas soluciones técnicas, con distintos grados de automatización del proceso de votación y riesgos asociados, a fin de proveer información y fundamentaciones para la toma de decisiones por parte del Ministerio del Interior», remarcó el documento elaborado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Al respecto, la investigación concluyó que «la incorporación de tecnología en las diferentes fases (del proceso electoral) debe realizarse en forma gradual y progresiva, mediante proyectos piloto y a menor escala, evaluando cuidadosamente los pros y contras de cada proyecto piloto».
En ese sentido, los profesionales plantearon que «la hoja de ruta recomendada es comenzar por las fases menos riesgosas del modelo».
«En particular, se recomienda no avanzar en el corto ni mediano plazo con la implementación de un sistema electrónico para la etapa de emisión de voto», remarcó el informe, ante lo cual sugirieron «fomentar el desarrollo de recursos humanos y capacidades técnicas, e iniciar un plan de investigación que pueda aportar evidencia teórica y empírica de que los riesgos de este sistema puedan ser controlados».
Para los investigadores, los «factores de complejidad y confianza implican esfuerzo y programas a largo plazo, dado que deben fortalecerse capacidades y lograrse niveles de madurez que permitan desarrollar sistemas con la calidad necesaria, particularmente, en lo referido a aspectos de seguridad e integridad».
«Existen resultados teóricos donde se demuestra la imposibilidad de satisfacer simultáneamente tres de los atributos requeridos para el sistema (secreto, auditabilidad e integridad)», advirtieron los autores del informe.
Finalmente, los profesionales remarcaron que «un proyecto de las características de un sistema de votación requiere de una entidad pública, independiente y con la capacidad técnica necesaria, que pueda ejercer la auditoría y control de los procesos y del sistema».
De esta forma, desde el propio Gobierno comienza a perder sustento la iniciativa impulsada por la Casa Rosada para establecer a nivel nacional el sistema que se utiliza desde hace varios años en Salta y que también se implementó en la Ciudad de Buenos Aires en los comicios locales de 2015.
Este sistema era uno de los puntos que integraba el proyecto de reforma electoral que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, pero que ante la resistencia del peronismo no puedo ser convertido en ley.
