Lejos de moderar su crítica, Carrió volvió a desafiar a Mauricio Macri
Tras abrir ayer una nueva grieta en Cambiemos con su crítica pública a la resolución del Ministerio de Seguridad que flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, Elisa Carrió redobló hoy la apuesta: dijo que la normativa que dictó la cartera que conduce Patricia Bullrich y que legitima el gatillo fácil debe ser debatida en el Congreso.
La líder de la Coalición Cívica recurrió a las redes sociales para reiterar su desacuerdo con la decisión del Gobierno. «Entiendo que actualmente la situación exige algún tipo de medida provisoria para subsanar algunas falencias que desprotegen al agente de seguridad o policial que deba emplear su arma, pero estas normas provisorias no pueden en ningún caso vulnerar los preceptos constitucionales y también deben ser consensuadas por las distintas fuerzas políticas que integran el gobierno, por tratarse de una política de alta significación nacional», indicó Carrió en una carta que publicó en Facebook.
Carrió explicó también que no es su intención «desproteger al agente de seguridad o policial en el cumplimiento de sus funciones», sino por el contrario «proporcionarles las normas claras y adecuadas para ampararlo ante las posteriores consecuencias que su accionar; ejecutado honradamente, en cumplimiento de su deber y por el bien de la seguridad de sus compatriotas».
«Mi intención es darle un marco legal que proteja en forma firme y clara, y con la suficiente entidad jurídica, su accionar», sostuvo, por lo que agregó que «todas estas medidas deben ser ejecutadas en el marco de un plan de seguridad que tenga bien en claro los objetivos que se persigue» y que contemple «un control político de la seguridad».
La referente de la Coalición Cívica al término de una jornada en la que a los miles de insultos que le dedicaron los trolls del PRO por su rechazo a la legitimación del gatillo fácil se sumó la réplica del ministro de Justicia, Germán Garavano. «Es la opinión de Carrió, es válida», afirmó Garavano, quien agregó que la norma dictada por Bullrich «es una reglamentación de las funciones de las fuerzas de seguridad que, en su uso adecuado, no debiera ser considerada violatoria de los derechos humanos. Bullrich indica expresamente que sigue las reglamentaciones de Naciones Unidas». También señaló que «definitivamente la mano justa es más dura de lo que vino siendo los últimos diez años, donde cuando uno analiza el crecimiento del delito y el narcotráfico se ven respuestas muy bajas».
La reglamentación para las fuerzas federales que desplegó el Gobierno nacional viene generando conflictos internos: como contó este diario, la gobernadora María Eugenia Vidal no tiene pensado aplicarla. Pero tomó su decisión en silencio. Todo lo contrario de Carrió, quien hizo pública sus diferencias y mandó a decir a los habitantes de la Rosada que se podrían haber enterado antes si la siguieran consultado.
