Senado aprobó «Ley Micaela» para capacitar sobre violencia de género
El Senado aprobó este miércoles por unanimidad con 59 votos afirmativos la llamada «Ley Micaela», para que todos los funcionarios públicos sean capacitados en materia de género.
La iniciativa lleva el nombre de la joven Micaela García asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay.
La «Ley Micaela» propone la capacitación en género y violencia contra las mujeres «para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación»
«Esta agenda de género debe durar todo el año legislativo. Es ineludible que todos los estamentos de gobierno se comprometan con las políticas de género: en acciones, con recursos humanos, en capacitación y por supuesto con recursos materiales», sostuvo la senadora Sigrid Kunath.
«Esta ley propone una capacitación en género para quienes integran los tres poderes del Estado. Este año sin duda ha marcado un hito en la visibilización de la desigualdad y la violencia de género», agregó.
A su turno, la legisladora del PRO, Laura Machado indicó: «Tenemos que aprender como sociedad, y qué mejor que una capacitación para que del primero al último funcionario tengan la oportunidad de escuchar aquello que no escuchó en su historia de vida».
«Vamos a acompañar esta ley con total convicción pero sabemos que no es suficiente, que mañana las mujeres no vamos a encontrar un cambio radical en nuestras vidas, para ello necesitamos de políticas de Estado», sostuvo la senadora del FpV Nancy González.
La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo.
Anualmente, el Instituto publicará en su página web un informe anual sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo la nómina de las altas autoridades que hayan sido capacitadas y elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo y los resultados deberán integrarán el informe anual.
De acuerdo al proyecto, las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas «serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate».
«El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres«, agrega la iniciativa.
El proyecto fue incorporado por el Gobierno en la convocatoria a sesiones extraordinarias por pedido de la oposición, en medio de la fuerte instalación de la agenda de género.
