Ante la fuerte presión popular, Mendoza derogó la ley minera
Con sesión especial en las Cámaras de Senadores y Diputados, la Legislatura mendocina aprobó el proyecto de ley del Ejecutivo que derogaba la Ley 9209 que había introducido cambios en la 7722, habilitando la utilización de sustancias químicas -cianuro, entre otras- para la explotación minera. Esta reforma había generado muchas críticas y protestas, por lo que el gobernador Rodolfo Suárez dio marcha atrás. Este lunes (30/12), luego de la derogación, hubo festejos.
Finalmente, y tal como se esperaba tras la gran presión social, este lunes (30/12) la Legislatura de Mendoza derogó la nueva ley de minería, que se había aprobado el 20 de diciembre pasado.
Una multitud esperaba en la Plaza Independencia los resultados de las sesiones especiales y hubo festejos luego de la derogación.
La norma, que había sido impulsada por el gobernador Rodolfo Suarez ni bien asumió su mandato, desató una convulsión social en la provincia.
El proyecto de derogación ingresó en la cámara alta provincial para ser tratado sobre tablas, y los senadores le dieron media sanción, por 34 votos afirmativos, y dos en contra.
Los dos votos en contra son de las senadoras Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), ambas representantes de Malargüe, el departamento del sur provincial que es netamente minero.
La legisladora peronista, en su alocución en el recinto, afirmó: «Pedimos solidaridad, somos capaces de hacer minería con los controles de los países más avanzados del mundo», afirmó.
En tanto, la senadora oficialista, cargó contra el resto del recinto que apoyó la derogación, y citando un pasaje bíblico, sentenció: «Si a Jesús lo crucificaron diciendo que quería salvar al mundo, digo lo mismo que él: ‘Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen'».
Al tener media sanción por parte de la cámara alta, la norma fue girada a la Cámara de Diputados, para que sea tratada sobre tablas, y tras un debate «exprés», dio sanción definitiva a la derogación de la «ley minera», y volver a «fojas cero», por lo tanto vuelve a regir la Ley 7.722, que ahora debe ser promulgada por el Ejecutivo, y publicada en el Boletín Oficial para que tenga plena vigencia.
La derogación a la Ley 9.209 se votó por amplia mayoría en el recinto, pero contó con tres votos negativos de legisladores del interbloque oficialista Cambia Mendoza, los diputados Guillermo Mosso (PD), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO), y hubo un diputado ausente.
El senador justicialista Bartolomé Robles, que en su momento había votado en contra de las modificaciones a la Ley 7.722, en diálogo con Télam, aseguró: «Creo que en estos días la dirigencia política mendocina aprendió una gran lección. El pueblo nos está diciendo: ‘escuchen más y hablen menos’. Festejo la participación del pueblo de Mendoza y de la defensa de los derechos ambientales».
Ricardo Funes, ex director de Turismo hasta hace 20 días de San Carlos, fue uno de los «autoconvocados» de ese departamento de Valle de Uco, 100 kilómetros al sudoeste de la capital provincial, y se constituyó en uno de los ambientalistas que convocó a las marchas en contra de las modificaciones a la Ley 7.722.
En diálogo con Télam, aseguró: «Primero quiero celebrar que la política haya respondido al clamor popular, pero después ratificar claramente que la megaminería no tiene licencia social en Mendoza».
«Es una celebración que haya sido restituida la Ley 7.722, y también estamos alineados y trabajando para que la 5.001 de Chubut, que es una ley hermana y melliza de la 7.722, también se sostenga», explicó.
«Hacemos un llamamiento a la política nacional para ser capaces de pensar un mundo y una Argentina transformada y con pleno empleo, sin tener que caer en el facilismo de tomar el modelo extractivo, que a la larga termina perjudicando a las poblaciones y a las comunidades», concluyó.
En tanto, Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, le dijo a Télam: «El daño que se le ha hecho a la provincia de Mendoza es inconmensurable, es absolutamente inédito que la vigencia de una ley haya durado cuatro o cinco días. No hay antecedentes en la República Argentina», dijo.
«¿Cuál es el mensaje que se le envía a los inversores extranjeros? Si había algún resabio de seguridad jurídica en Argentina, esa seguridad jurídica no existe, porque esto no solamente daña al industria minera y a la matriz productiva de Mendoza, ya que cualquier inversor ve que acá puede pasar cualquier cosa en aras de la ‘paz social’ y del ‘reclamo popular soberano'», lanzó.
Afuera de la Legislatura, unas 3.000 personas se fueron concentrando desde esta mañana, sobre la Plaza Independencia, para seguir las alternativas del tratamiento de ambas cámaras para la derogación de la Ley 9.209.
Los asambleístas y autoconvocados siguieron el tratamiento a través de altoparlantes instalados afuera de la Legislatura con un elocuente sentido festivo.
Cuando el Senado dio media sanción a la derogación, y finalmente Diputados le dio sanción definitiva festejaron con una estruendosa algarabía.
