Argentina reiteró su voluntad de pago
Mediante una solicitada publicada en ese matutino y en otros diarios de Estados Unidos, el Gobierno insistió en que está dispuesto a pagarle al 100% de los tenedores de bonos pero de una manera «justa, equitativa y legal» y no mediante un fallo como el de Griesa, que es «imposible de cumplir».
Mediante una nueva solicitada publicada hoy en los principales diarios de Estados Unidos, el gobierno argentino manifestó su voluntad de pagarle al 100% de los tenedores de bonos pero de una manera «justa, equitativa y legal» y no mediante un fallo como el de Griesa, que es «imposible de cumplir».
En el texto, el Ejecutivo indica que con el pago realizado el jueves el país «ratifica su firme e incondicional voluntad de cumplir con sus obligaciones, para honrar sus deudas y para descartar cualquier interpretación solapada que implique la introducción del eufemismo de ‘default técnico’ con el que se intentó caracterizar a la arbitraria prohibición de pago ordenada por la corte, sin tener en cuenta la voluntad del deudor de cumplir con sus obligaciones».
Además, señala que «para la República Argentina y para cualquier otro país soberano» pagar significa «el depósito de fondos en cumplimiento de las obligaciones previstas en el prospecto de emisión de los Instrumentos de deuda y, por tanto, ejercer voluntariamente un derecho sin buscar con ello entrar en conflicto con otras decisiones judiciales que alteren las bases contractuales de un país soberano».
«Nuestra firme convicción, como reflejan las las instituciones y las organizaciones internacionales, junto con analistas y
especialistas que han sido incluso sido críticos del país en periódicos especializados y revistas a nivel internacional, es que el exitoso proceso voluntario de reestructuración de la deuda, que fue aceptado por el 92,4% de los tenedores de bonos, debe cumplirse», sostiene el gobierno argentino en la solicitada, y agrega: «Esta convicción implica apelar al sentido común y a la participación regular y racional en los procesos de resolución de la deuda en la que los derechos de una mayoría clara y auténtica no pueden ser socavados por el 1% de los tenedores de bonos que, desde una posición minoritaria, están destruyendo los esfuerzos colectivos de la Nación y del pueblo argentinos para honrar sus compromisos, además de afectar los intereses y derechos de la mayoría de los tenedores de bonos».
«Esta decisión soberana de la República Argentina -añade el texto- implica una advertencia para los Estados Unidos con respecto a las consecuencias de sus actos, teniendo en cuenta la responsabilidad internacional de las decisiones tomadas por su Poder Judicial, para el agente fiduciario, para las entidades financieras que participan, para los litigantes, y para el propio juez Thomas Griesa, con respecto a cualquier acción judicial de la que podamos valernos con el fin de reivindicar legítimamente nuestros derechos como miembros de la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos (artículo 61), las Naciones Unidas (artículo 2, párrafos 1 y 4), el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (artículo 4), a la Corte Internacional de Justicia de la Haya como sujetos de derecho internacional, y ante los tribunales de jurisdicción general en la República Argentina».
Para el Ejecutivo argentino, el hecho de que el pago de los bonos esté sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos «no significa aceptar decisiones judiciales con las que es imposible cumplir», sobre todo cuando «la sentencia viola el principio de inmunidad soberana que prevalece en esa nación como una regla de jerarquía institucional superior y se interpreta, además, el principio de pari passu de una manera caprichosa y absurda». «El cumplimiento de una sentencia no puede exigir un incumplimiento de las obligaciones asumidas», subraya.
En ese sentido, advierte: «Cualquier conducta que trate de obstaculizar el pago a nuestros acreedores constituirá una violación de la disposición de Derecho internacional público que, en virtud de la igualdad soberana, prohíbe coaccionar a otros Estados. Esta disposición también se encuentra en vigor en los Estados Unidos».
