Avanza el nuevo Código Procesal Penal

Un plenario de comisiones del Senado aprobó hoy un dictamen de mayoría sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que dispone poner en marcha la reforma a partir del 1 de marzo del año próximo, si es aprobada por el pleno de la Cámara en la sesión del próximo 27 de mayo.

El oficialismo logró el dictamen de mayoría sobre las modificaciones, mientras que el radicalismo y el peronismo disidente acordaron con algunos de los cambios pero cuestionaron las facultades delegadas a la Procuración General de la Nación y decidieron suscribir dictámenes en minoría.

Luego de una seguidilla de audiencias públicas por las que desfilaron en el último mes la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, juristas y representantes del Poder Judicial, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales firmaron hoy un dictamen de mayoría que pospone la puesta en marcha de la reforma del 1 de septiembre al 1 de marzo de 2016.

El senador por Salta, Rodolfo Urtubey, que preside la comisión bicameral para la implementación del nuevo Código, fue el encargado de leer un informe con los cambios propuestos a los cinco proyectos de ley referidos al funcionamiento del nuevo sistema.

Además de la postergación de la fecha, el senador del Frente para la Victoria confirmó que será la comisión bicameral que conduce la que se encargue del monitoreo de la implementación y que no se hará en forma gradual como se había planteado sino que todos los distritos se acoplarán al nuevo sistema a partir del 1 de marzo.

Las iniciativas contemplan la reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal; y de una iniciativa que incorporar “diversas causales de suspensión del juicio a prueba” en el Código Penal.

Por el radicalismo, el senador por Chaco, Angel Rozas, expresó que su partido considera «muy satisfactoria» la propuesta del oficialismo, aunque advirtió que mantienen «una visión crítica» respecto a lo que denominó como «un exceso de facultades delegadas» a la Procuración General de la Nación.