Avanza en Diputados el pedido de juicio político para los jueces de la Corte que votaron el 2×1
Diputados de diferentes bloques buscarán en la sesión prevista para este martes repudiar el fallo de la Corte que aplica el 2×1 a delitos de lesa humanidad, al tiempo que comienzan a tomar forma iniciativas para promover el Juicio Político a tres integrantes del máximo Tribunal y para aclarar, en un intento por construir una herramienta jurídica, los alcances del polémico cómputo de penas.
En la Cámara de Diputados, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), convocó para este martes a las 18 a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, con el fin de “considerar” la decisión de la Corte.
Donda impulsa una iniciativa para que los imputados, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad no puedan acceder a los beneficios de la amnistía, el indulto o la prescripción de la pena, y no puedan gozar de la conmutación o reducción de sus penas, en ninguna de sus formas y bajo ningún concepto.
“El fallo es un marcado retroceso en materia de Derechos Humanos. Los delitos de lesa humanidad y genocidio no admiten salidas alternativas ni a la investigación, ni al juzgamiento ni al cumplimiento de las condenas que se apliquen”, sostuvo la legisladora.
Por su lado, la jefa del bloque socialista, Alicia Ciciliani sostuvo que “la violación de los Derechos Humanos es un delito imprescriptible, y no puede de ninguna manera estar sujeta a amnistía ni a indulto”, y agregó que “si así se hiciera, se estarían violando los compromisos internacionales asumidos en la firma de los tratados internacionales” en la materia.
El Frente de Izquierda presentó un pedido de juicio político contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco –los tres que fallaron a favor del 2×1- por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. El proyecto fue presentado por Néstor Pitrola (Partido Obrero), quien además llamó a marchar el miércoles a Plaza de Mayo.
“Presentamos el pedido de juicio político por considerarlos responsables de un fallo antijurídico ante delitos de lesa humanidad de carácter permanente e imprescriptibles. Se trata de una amnistía a la dictadura, más amplia aún que el indulto de (Carlos) Menem a las Juntas Militares”, advirtió.
“Hablamos de casi 300 condenados por delitos como secuestros, desaparición forzada, torturas y apropiación de bebés que plantea un nuevo punto final”, señalaron.
El bloque del Frente para la Victoria-PJ, que preside Héctor Recalde, trabajaba por estas horas en otro pedido de juicio político, en sintonía con el pronunciamiento de la Fundación Madres de Plaza de Mayo la semana pasada. La bancada también unificaría un proyecto para acotar los beneficios a represores.
En tanto, el Frente Renovador anunció que, con el patrocinio de un grupo de juristas, se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.También buscará destituir, vía juicio político, a “todos aquellos jueces y camaristas que cambien las sentencias anteriores aplicando el 2×1 sin respetar los fallos precedentes”.
El massismo trabaja además junto a Donda y Margarita Stolbizer (GEN) en unadeclaración de repudio del pleno de la Cámara de Diputados al fallo supremo, por considerar que “es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor Justicia”.
Por parte del oficialismo, el macrista Daniel Lipovetzky calificó como “un verdadero despropósito” y “un retroceso” el fallo supremo, pero dijo no coincidir con la posibilidad de un juicio político contra los jueces que suscribieron esa resolución porque -indicó- “aunque el fallo tenga una fundamentación jurídica equivocada, la tiene”.
“Este tipo de beneficios no deberían existir nunca pero, si existió esa figura, nunca debió ser aplicable a delitos de lesa humanidad”, aseguró el legislador, quien pidió, no obstante, “respetar” el fallo de la Corte Suprema.
