Buscan hallar víctimas de ls dictadura en Chile
Ante el reiterado fracaso de todas las propuestas oficiales orientadas a darle forma a la búsqueda de la identidad de las víctimas de la dictadura cívico-militar (1973-1990) chilena, se reeditó ayer una campaña destinada al hallazgo de restos de los desaparecidos mediante la comparación de muestras sanguíneas. La cruzada, denominada «Una gota de sangre por la verdad y la justicia», fue reactivada por el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, una ciudad sureña situada a 512 kilómetros de Santiago, informó Tiempo Argentino.
La campaña fue puesta nuevamente en funciones por el secretario ministerial de Justicia de la región del Bío Bío, Jorge Cáceres, junto con el intendente de Concepción, Álvaro Ortiz, y familiares de desaparecidos durante la dictadura conducida por el general Augusto Pinochet Ugarte. Con este emprendimiento se pretende que aquellas familias que hasta hoy buscan o tengan sospecha de que tienen un ser querido desaparecido se acerquen hasta el SML, donde desde el año 2007 se fue armando un banco de sangre para reunir antecedentes que puedan servir para el análisis de muestras y osamentas.
La antropóloga jefa de la unidad de identificación forense del SML, Carolina Ortiz, explicó que el proceso para identificar las osamentas es largo y puede extenderse por un año. En 2007, cuando se lanzó por primera vez esta campaña, se tomaron aproximadamente 3500 muestras de sangre en una tarea a nivel nacional en la que los familiares actuaron como verdaderos motores.
Elizabeth Velásquez, coordinadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos volvió a mostrarse optimista ayer, como en aquel primer día de hace siete años, y señaló: «A quienes buscamos a nuestros seres queridos nos interesa exhortar a quienes no han donado y a las nuevas generaciones sobre todo, ya que han pasado más de cuatro décadas desde los primeros crímenes y muchos familiares de las víctimas han fallecido, lo que hace preciso contar con las muestras que permitan comparar el ADN en el futuro.» Hasta ahora, los jóvenes descendientes de aquellas víctimas no se han interesado en acompañar las campañas del SML.
A mediados de 2011 una comisión que se encargó de investigar denuncias sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por los agentes del terrorismo de Estado entregó al entonces presidente Sebastián Piñera un informe de 60 páginas. El mismo incorporó el nombre de otras 9800 víctimas y 30 casos de personas desaparecidas o ejecutadas, las cuales se agregan a las que ya habían sido calificadas con anterioridad. El gobierno de Piñera optó por invisibilizar el tema, mientras que las organizaciones de las víctimas criticaron el alto número de denuncias (más de 22 mil) que fueron rechazadas por la comisión.