Cambiemos apura ley contra abuso de precios
Las quejas centrales dentro del bloque fueron en contra de las empresas formadoras de precios y las distribuidoras de alimentos.
Para eso decidieron impulsar la reglamentación del Tribunal de Defensa de la Competencia, desactivado y sin conformar durante toda la era Kirchner.
El funcionamiento de ese tribunal, el principal control antimonopólico y contra el abuso de la posición dominante de las empresas, está pendiente en toda su amplitud en realidad desde que durante el Gobierno de Carlos Menem se sancionó la Ley de Defensa de la Competencia. El tribunal, que debe atender la denuncias de abusos en prácticas comerciales de todo tipo, debe actuar en conjunto con la Ley de Defensa del Consumidor, pero no está constituido y de hecho en los últimos 12 años sus funciones fueron asumidas por la Secretaría de Comercio, que decidía sobre los conflictos a discreción.
Junto con esa ley, y siempre bajo la presión interna del impacto de la inflación en los ingresos, Cambiemos acordó apurar el debate de los proyectos de primer empleo, de quita del IVA a bienes de la canasta básica y de acceso a la información pública.
De la reunión participaron los macristas Monzó y Nicolás Massot -presidente del bloque PRO-; los radicales Negriy Jorge D’Agostino, y Carrió junto con su compañero de bloque Fernando Sánchez participaron del encuentro.
Se respaldó así la idea de promover la constitución del Tribunal de Defensa de la Competencia, en un tratamiento legislativo que incluya la «urgente convocatoria a todos los formadores de precios y productores».
Otro de los temas que estarán en la agenda del oficialismo es el proyecto que busca darle jerarquía constitucional al tratado anticorrupción y de extensión de dominio «para recuperar lo robado».
En cuanto a las sesiones, desde el interbloque oficialista prevén tratar el próximo miércoles el proyecto sobre quita del IVA a bienes de la canasta básica y el de acceso a la información pública.
El miércoles 18 podría ingresar al recinto el proyecto sobre emergencia ocupacional, que el oficialismo prefieren llamar «pacto por el empleo» al entender que se tratará de un texto que incluirá el proyecto del Poder Ejecutivo sobre primer empleo y el de algunos bloques opositores sobre beneficios a pymes y a personas de más de 50 años.
