Colombia prohíbe la reelección

La propuesta había sido presentada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y fue sancionada tras varios meses de debate. La Corte Suprema ejerció fuertes presiones porque la medida también incluye a instancias judiciales. La posibilidad de volver a ser mandatario había sido impulsada en 2004 por Álvaro Uribe, cuyo partido ahora votó en contra de la abolición.

Después de varios meses de un proceso legislativo que estuvo signado por las fuertes presiones de la Suprema Corte de Justicia –varios legisladores no vacilaron el calificarlas de «chantajes»– el Congreso colombiano aprobó ayer una reforma constitucional que prohíbe la reelección presidencial, así como las del contralor general de la República y otras instancias judiciales. La reforma, que entrará en vigencia a partir de las elecciones de 2018, establece que cada mandato seguirá siendo de cuatro años y sólo contó con la oposición del ultraderechista Centro Democrático (CD), el partido creado y liderado por el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), reflejó Tiempo Argentino.

En el octavo y último debate en la Cámara de Representantes, la votación quedó 90 votos a favor contra 10 que se opusieron a abolir la polémica figura de la reelección, que había tomado forma en 2004 para posibilitar el segundo mandato de Uribe en 2006.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó las razones que habían impulsado al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a formular la propuesta. Con esto, dijo, «estamosajustando a Colombia a un sistema de pesos y contrapesos que permitirá un mayor equilibrio, lo que no era posible sin eliminar esas reelecciones, para que no existieran hombres todopoderosos en Colombia».

El nuevo artículo de la Constitución establece que «no podrá ser elegido para el cargo de Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiese ejercido la Presidencia». La propuesta, que fue aprobada con la ausencia del recinto de 66 de los 166 diputados que integran la Cámara Baja, agrega que la polémica figura sólo podrá ser restituida por la vía de una consulta popular o a través de una Asamblea Nacional Constituyente, dos instancias de compleja convocatoria. El fin de la reelección presidencial fue promovido en el Legislativo por el gobierno, bajo el lema de «promover el equilibrio de poderes».

La Constitución de 1991 incluía en su articulado la prohibición de cualquier forma de reelección presidencial, pero 13 años después el artículo fue modificado a través del Congreso y, con el aval de la Corte Constitucional, se permitió la reelección hasta por un período. Sin embargo, en 2008, la diputada Yidis Medina, una congresista que había votado a favor de la reelección, reveló que funcionarios del gobierno de Uribe le habían comprado el voto. Tras un largo proceso, la Corte Suprema sentenció a Medina a 48 meses de prisión por su participación en el delito de cohecho.

En marzo pasado los funcionarios del gobierno de Uribe que según Medina le habían comprado el voto, también fueron condenados por la Corte Suprema: los ex ministros Diego Palacio y Sabas Pretelt a seis años y ocho meses de prisión y el secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri, a cinco años. Uribe siempre ha defendido a sus ex funcionarios y sostiene que todas las denuncias por corrupción que los incluyen están orientadas a desprestigiar a su gobierno. El ex jefe de Estado, actualmente senador, es investigado por los mismos hechos en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia que los colombianos conocen como «La inoperante».

Las presiones de la Corte Sumprema

El miércoles, mientras se desarrollaba la sesión que puso fin a la reelección, Semana, la revista del establishment colombiano, recogía una denuncia de diputados de Alianza Verdeque confirmaban una primicia dada a principios de mayo por el mismo medio: «Tras pedirnos que deriváramos la decisión final a una Asamblea Constituyente, la Corte Suprema y otros magistrados han venido, incluso al Congreso, para ‘recordarles’ a muchos que no olvidaran que tienen procesos en su contra, un verdadero chantaje«, explicó la diputada Angélica Lozano.

Aunque no hay datos finales, cerca de 130 congresistas tienen investigaciones penales en curso en la Corte Suprema. El 90% está en etapa previa. Eso, sin contar con un megaproceso que podría no dejar títere con cabeza: una investigación contra 250 congresistas del periodo 2010-2014, justamente los años del primer mandato de Juan Manuel Santos. En las elecciones del año pasado fueron reelectos 26 congresistas investigados por sus conexiones con el narcotráfico.

Cuando el proyecto de «equilibrio de poderes” sancionado ayer ingresó al Congreso, 65 senadores se declararon impedidos de actuar, argumentando que no podían legislar contra el juez que los juzga.