Congreso de Chile aprobó fuerte reforma laboral
El Congreso chileno despachó el miércoles una controvertida reforma laboral impulsada por el Gobierno, un proyecto que la oposición dijo que impugnará en el Tribunal Constitucional por una supuesta vulneración de la libertad sindical y desequilibrios en las relaciones laborales.
La reforma, aprobada en su último trámite en el Senado, busca fortalecer a los sindicatos y poner fin al reemplazo de trabajadores en huelga, algo que los empresarios rechazan y han advertido afectará al empleo en medio de una debilitada economía doméstica.
«Estamos dando un paso histórico. Estableciendo un nuevo modelo de relaciones laborales», dijo el senador socialista Juan Pablo Letelier en su intervención antes de la votación.
La iniciativa de la mandataria Michelle Bachelet apunta a transformar a los sindicatos en el principal agente de negociación colectiva y que el empleador pierda la facultad de reemplazar los puestos de trabajadores en huelga, aunque se establecerá un sistema de servicios mínimos excepcionales.
La negociación interempresa, que permite a gremios de diferentes contratistas unir fuerzas y reducir las barreras a la creación de sindicatos en pequeñas empresas, es una de las medidas que la derecha opositora llevará al tribunal.
Junto con esta medida, también se aprobaron otros puntos polémicos, como «adecuaciones necesarias» en caso de huelgas, la extensión de beneficios contractuales y la titularidad sindical.
Asimismo, se establece que las empresas estarán obligadas a proporcionar a los sindicatos que tengan derecho a negociar en ellas, la información específica y necesaria para preparar sus negociaciones colectivas.
El diputado del partido opositor UDI Patricio Melero dijo que no se logró convencer al Gobierno de las deficientes condiciones en que quedaría el mercado laboral tras la implementación de esta reforma.
«Aquí se vulnera a nuestro juicio de forma importante la libertad de los trabajadores. Se va en contra de principios que ha establecido la OIT y no resguarda adecuadamente el derecho de los trabajadores. Tenemos la convicción que vulnera las garantías constitucionales», sostuvo Melero.
«La no extensión de los beneficios a los trabajadores no sindicalizados también deja en una muy compleja situación a quienes no quieran sindicalizarse (…) por consiguiente esta reforma laboral no está terminada e iremos esta semana al Tribunal Constitucional», agregó.
