Congreso decreta cuenta regresiva para balotaje
La Asamblea Legislativa se reunirá este miércoles, cuando finalice el escrutinio definitivo, para proclamar las fórmulas que competirán en el balotaje del 22 de noviembre. Así se desprende del artículo 120 del Código Nacional Electoral, que establece que la Asamblea Legislativa que integran todos los diputados y senadores nacionales deberá «hacer la sumatoria (de votos) para determinar (…) si se deberá realizar una segunda vuelta electoral».
El jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, confirmó que la intención es reunir a la Asamblea «el miércoles o el jueves a más tardar» para darle curso a ese requisito legislativo necesario para celebrar el balotaje.
La sesión deberá ser convocada por el vicepresidente, Amado Boudou, una vez que finalice el recuento definitivo, para determinar si alguna de las fórmulas presidenciales alcanzó el 45 por ciento de los votos o más del 40 con más de diez puntos de diferencia como para consagrarse ganadora, o si habrá segunda vuelta.
Una vez que la Asamblea Legislativa constate que no se alcanzaron esos guarismos, proclamará a las dos fórmulas más votadas -en este caso, la de Daniel Scioli-Carlos Zannini (FpV) y la de Mauricio Macri-Gabriela Michetti (Cambiemos)- y dejará constancia de que será necesario el balotaje.
El paso siguiente es que Boudou informe a la presidenta Cristina de Kirchner que ninguno de los binomios alcanzó los porcentajes establecidos por la Constitución nacional para ser electo en primera vuelta. A partir de la proclamación de las dos fórmulas más votadas, empieza a correr un plazo de cinco días en el que «deberán ratificar por escrito ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal su decisión de presentarse a la segunda vuelta» y «si una de ellas no lo hiciera, será proclamada electa la otra», según el artículo 152 del Código Electoral.
La última vez que se reunió la Asamblea Legislativa para ratificar un balotaje fue el 9 de mayo de 2003, cuando proclamó las fórmulas Carlos Menem-Juan Carlos Romero y Néstor Kirchner- Daniel Scioli para la elección que debía realizarse el 18 de mayo. Esa segunda vuelta no ocurrió, ya que el riojano declinó su candidatura pese a haber sido el más votado en la primera vuelta con el 24,45 por ciento de los votos, razón por la cual fue electo presidente Néstor Kirchner, con el 22,24 por ciento de los votos
Además, el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV) procurará este miércoles en una sesión especial aprobar un paquete de proyectos, entre los que figura el marco legal a las políticas para los jóvenes, la escrituración de tierras, el plan satelital y la resolución sobre reestructuración de deuda aprobada por las Naciones Unidas.
Será la última sesión previa al balotaje del 22 de noviembre donde competirán las fórmulas presidenciales del FpV y de Cambiemos, con lo cual los discursos tendrán un fuerte contenido político de cara a las elecciones para definir el nuevo mandatario. Así, la campaña electoral estará presente en cada uno de los proyectos que se discutirán desde el miércoles al mediodía, día en el cual está prevista la realización de la Asamblea Legislativa para proclamar a los binomios del oficialismo y la coalición de centroderecha que participarán de esos comicios.
La bancada del Frente para la Victoria, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, diseñó la agenda de proyectos que quiere aprobar en la sesión especial y comunicó su propuesta al resto de las fuerzas políticas, según señalaron voceros de los bloques opositores.
La intención del oficialismo es aprobar y girar al Senado los proyectos que otorgan un marco legal para las políticas destinadas a los jóvenes, y a fin de facilitar la escrituración de tierras, y convertir en ley el plan satelital y la resolución de las Naciones Unidas sobre principios para las reestructuraciones de deudas soberanas consagrados en Naciones Unidas. El proyecto diseñado por el Gobierno establece un marco regulatorio a las políticas para la juventud vinculadas con el financiamiento educativo, la capacitación laboral, el acceso a una salud integral y de calidad, incluyendo la salud reproductiva, el tratamiento de adicciones, el derecho al trabajo, la seguridad social y la vivienda, por intermedio de plan Progresar.
El proyecto crea los organismos de promoción de las juventudes que son la secretaría nacional de la juventud, el instituto nacional de juventudes, el consejo federal de la juventud, la red de consejos municipales de la juventud y la figura del defensor de los derechos de las juventudes. El instituto de la juventud estará integrado por tres directores elegidos a propuesta del Congreso, dos de los cuales pertenecerán a la mayoría, ocupando uno de ellos la presidencia del consejo federal de juventud, y otro por la minoría.
Además, el oficialismo quiere convertir en ley el proyecto de desarrollo de la industria satelital argentina, impulsado por el Gobierno nacional, que entre otros puntos impide la venta de las acciones Clase A que el Estado tiene en Arsat, empresa que logró la construcción de dos satélites. En ese sentido, la iniciativa establece que se prohíbe la transferencia de cualquier parte del 51 por ciento de las acciones Clase A que el Estado argentino posee en Arsat «sin previa autorización expresa de los dos tercios de los miembros del Congreso de la Nación». La propuesta diseñada por el Ejecutivo establece que esta ley tendrá como objetivo proteger las posiciones espaciales de la Argentina, construir satélites y desarrollar servicios satelitales. Este programa se inscribe en el lanzamiento de los satélites Arsat-1, el 16 de octubre de 2014; y Arsat-2, el pasado miércoles 30 de septiembre.
También el bloque oficialista quiere convertir en ley el proyecto que respalda la resolución de las Naciones Unidas que establece principios para las reestructuraciones de deudas soberanas, a fin que no impliquen un condicionamiento para el desarrollo industrial de cada país.
Esta iniciativa establece que cuando una propuesta de reestructuración es aprobada por una amplia mayoría de tenedores de bonos, la minoría restante debe aceptarla y no puede apelar a otras instancias, como sucedió con los fondos buitre en los tribunales de Nueva York.
Entre los «Principios» se destaca que los Estados tiene derecho a reestructurar su deuda soberana, lo que no debe verse «frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas». Además, el oficialismo quiere aprobar y girar en revisión al Senado un proyecto que busca la regularización dominial de tierras para aquellas personas que han comprado un terreno pero tienen dificultades para realizar su escrituración.
