Consiguió dictamen el nuevo proyecto de Emergencia Social

La Cámara de Diputados emitió este jueves dictamen a favor de la ley que declara la Emergencia Social y que crea el Salario Social Complementario para los trabajadores de la economía informal, el que será llevado al recinto en la sesión extraordinaria del martes próximo.

Luego de varios días de trabajo en la redacción, el dictamen de mayoría fue firmado en la comisión de Presupuesto y Hacienda por casi todos los bloques, a excepción del Frente de Izquierda, que firmó despacho de minoría, y el Frente para la Victoria (FPV), que sin embargo adelantó que acompañará la iniciativa en el recinto.

«Estamos tratando de que la Argentina salga del plan social, que el Estado ponga un piso mínimo para alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil y nuclear todos los planes en el Salario Social Complementario», recalcó el jefe de bloque del Peronismo para la Victoria Leonardo Grosso.

Recordó que el puntapié inicial de este proceso «se dio en la calle», durante la marcha por el Día de San Cayetano del 7 de agosto pasado protagonizadas por la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC), y más recientemente en el masivo acto que esos mismos actores y la CGT montaron frente al Congreso el 18 de noviembre.

«Como consecuencia de la política económica de este año y de problemas estructurales que arrastra la Argentina, abrimos el debate para darle derechos a la economía popular e institucionalizar a los trabajadores», valoró el militante del Movimiento Evita.

De acuerdo a la hoja de ruta trazada por el oficialismo y la oposición, la iniciativa obtendría media sanción el próximo martes en el recinto, y luego tendría que ser revalidada en el Senado.

La Cámara alta ya había aprobado un proyecto del senador Juan Manuel Abal Medina que planteaba metas más ambiciosas que el Gobierno no estaba dispuesto a aceptar, como la creación de un millón de puestos de trabajo vinculados a la obra pública, de modo que se consensuó un proyecto distinto, más moderado, que mantiene varias de las reivindicaciones de aquel.

El proyecto consta de doce artículos, entre los cuales se destaca la institucionalización de la actividad de los trabajadores informales, que conforman un tercio de la población económicamente activa del país, al estipular la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social y del «Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)».

El Salario Social Complementario, equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil, será fijado por el Consejo de la Economía Popular.

Para la diputada del Peronismo para la Victoria Lucila de Ponti, «el objetivo de crear estas instituciones es el de garantizar un piso mínimo de derechos y de aportes para la subsistencia».

La propuesta se basa en la reasignación de partidas por 25 mil millones de pesos en los próximos tres años para financiar la emergencia social, con la opción de reforzar con 5.000 millones adicionales en caso de que al 31 de diciembre del 2018 ya haya sido agotada la ejecución de esa cantidad de recursos.

La diputada de Libres del Sur Victoria Donda opinó que «en la sociedad moderna no se le puede garantizar trabajo a todos», y que la alternativa obligada es que el Estado «garantice a todos un piso mínimo de derechos y de libertades ciudadanas».

La diputada progresista apuntó contra la izquierda y contra el kirchnerismo duro, que en la última semana cuestionaron el acta firmada por las organizaciones sociales con el Gobierno con el argumento de que no ataca las causas de fondo que generan la emergencia social y que a cambio de un paliativo negocian gobernabilidad y suspensión del conflicto social.

«Lograr un Consejo donde se reconozcan a los trabajadores informales es un triunfo y los triunfos no se regalan. Los derechos se consiguen luchando», afirmó Donda, que criticó la lógica trotskista del «cuánto peor, mejor».

A su turno, el diputado del Partido Obrero (Frente de Izquierda) adelantó que su bloque firmaría un dictamen en minoría, al manifestarse en disidencia con la propuesta mayoritaria por considerar que naturaliza la «precarización» del trabajo.

«Esto es la precarización de la precarización. No estamos de acuerdo», arremetió el dirigente de izquierda, que puso el ejemplo de muchos municipios que utilizan el régimen de planes sociales para encubrir relaciones laborales precarias.