Corrupción en el ejercito de los EE.UU.

Investigan irregularidades cometidas por efectivos medios y bajos en forma cotidiana. Desde cobrar por reclutas que nunca se enrolaron a coimas para transportar mercadería, todo cae en esta denuncia.

Fabián Barrera halló un modo fácil de ganar dinero en la Guardia Nacional de Texas cuando recibió unos U$S 181.000 aduciendo haber atraído a 119 reclutas potenciales al ejército. Pero los bonos fueron mal habidos porque el ex capitán nunca remitió a nadie.

El caso de Barrera, que culminó el mes pasado con una pena de al menos tres años de prisión, es parte de lo que abogados del Departamento de Justicia describen como una pauta recurrente de corrupción en las fuerzas armadas.

Según consignó Tiempo Argentino, en un período en que la nación ha gastado a manos llenas para financiar guerras en varios frentes, como las que afronta hoy en día en Irak y Siria, los fiscales hallaron numerosos blancos: acusados que cobran servicios que no suministran, otros que canalizan contratos lucrativos a socios comerciales y algunos que abonan incentivos para conseguir negocios.

Pese a casos numerosos que han derivado en largas penas de prisión, los problemas siguen en el país y en el exterior con una frecuencia alarmante. Para peor, la mayoría de los escándalos queda en la más absoluta impunidad. «Los casos abarcan toda la gama, desde incentivos relativamente pequeños pagados a alguien en Afganistán, hasta contratos por cientos de millones de dólares canalizados en dirección de una compañía favorecida que paga soborno», dijo Leslie Caldwell, subsecretaria de Justicia y titular de la división penal del Departamento de Justicia, en una entrevista con una emisora estadounidense.

En los últimos tres meses solamente, cuatro oficiales retirados y uno activo en la Guardia Nacional del Ejército fueron acusados de participar en una red de incentivos y sobornos relativos al otorgamiento de contratos para materiales de comercialización y promoción. Un camionero de una compañía de transportes se declaró culpable de sobornar a empleados de una base militar en Georgia para conseguir transporte de carga, con frecuencia armas que requerían el rastreo por satélite.

Más recientemente, un ex contratista de la Armada que suministra transporte de armas fue sentenciado a prisión junto con un empresario por «comprar» tratamiento favorable en el otorgamiento de trabajos de telecomunicaciones. Asimismo, tres hombres, incluso dos altos oficiales retirados de la infantería de marina, fueron acusados de hacer trampa en una propuesta para el mantenimiento de helicópteros de la Armada asignados a la Casa Blanca.

Otro de los emblemáticos casos fue el que ocurrió en noviembre del año pasado con funcionarios de la Marina estadounidense, que enfrentaron cargos federales por corrupción por la malversación de más de U$S 10 millones de dinero público. Los oficiales beneficiaban a Glenn Defense Marine Asia (GDMA), una empresa contratista a cambio de viajes y prostitutas.

Abogados del Departamento de Justicia dicen que no consideran al Ejército más vulnerable a la corrupción que cualquier otra organización numerosa, pero que los militares no son inmunes a los factores que pueden contribuir a las irregularidades, como trabajadores de paga relativamente baja que administran contratos lucrativos y la fuerte dependencia a los contratistas.