Crisis: el 62% de la gente considera necesario un aumento salarial de suma fija
Una encuesta subraya que la cuestión económica es central en la problemática de las y los argentinos. También indica que hay una mezcla de optimismo e incertidumbre sobre lo que vendrá.
El 62 por ciento de la población de Argentina sostiene que el Gobierno debería otorgar un aumento salarial de suma fija y también seis de cada 10 personas tienen confianza en que la situación del país mejorará «pronto», según se desprende de un sondeo de opinión realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
En su décima encuesta de opinión sobre la situación política, económica y social de Argentina -basada en 2001 entrevistas presenciales a lo largo del país-, Celag consignó que, ante la consulta por las exceptivas en el corto plazo, «el optimismo predomina en 6 de cada 10 encuestados que responden que tienen esperanza en que la situación del país pronto mejorará».
«Más que optimismo, cuando se analiza la encuesta, lo que se detecta es que hay un porcentaje importante de incertidumbre, donde lo que domina más es una gran expectativa para buscar respuestas ante esa incertidumbre», indicó a Télam el director ejecutivo de Celag, Alfredo Serrano Mansilla, que consideró que esa «sensación dominante atraviesa el sondeo de punta a punta».
Serrano Mansilla, que es doctor en Economía y coordina el área de Opinión Pública de Celag, señaló que «también es cierto que, por ese alto grado de incertidumbre, el clima electoral se anticipa, y la sociedad espera que en la próxima cita electoral se puedan resolver muchos de los problemas cotidianos que tiene la ciudadanía».
La encuesta fue realizada a mayores de 16 años y refleja las «percepciones de los argentinos en torno a la situación económica, política y social», en un trabajo de campo que se llevó a cabo entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre de 2022.
En el plano económico, «el 62,2% considera que el Gobierno debería otorgar un aumento salarial de suma fija para aliviar la pobreza, mientras que en relación a las tarifas de servicios públicos el 68,99% de los argentinos entienden que no era el momento adecuado para quitar los subsidios a la luz, agua y gas».
En relación al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, el 62% opinó que fue un «hecho de violencia que merece el repudio social, mientras que un 36% cree que «no fue un atentado sino algo inventado».
Consultados sobre la explotación del litio como recurso estratégico, más de la mitad -el 52,2%- se inclinó por una «administración estatal», mientras que un 32,4 consideró que «sería más eficiente la administración por parte del sector privado».
Serrano Mansilla observó sobre los resultados que «hay un porcentaje importante de la ciudadanía que está a favor de propuestas e iniciativas mucho más progresistas de lo que a veces aparece como dominante en la agenda mediática argentina», en referencia a que «la gente está a favor de la nacionalización del litio como recurso estratégico, de la suma fija, de más Estado, de políticas sociales y del incremento de los salarios, a pesar de que eso quizás no sea la agenda principal de algunos grandes medios».
Para el director de Celag, hay que diferenciar entonces «muy bien cuáles son las sensaciones, preocupaciones y posicionamientos ideológicos de esa gran mayoría argentina que no coincide de ninguna manera con esos grandes titulares, que seguramente obedecen a otro porcentaje de la población, que está en torno a un tercio y cada día está en posiciones más de ultra derecha».
En cuanto a la inflación, las opiniones en torno a las posibles soluciones se encuentran divididas: «El 28,8% de los encuestados cree que es un problema que no tiene solución; el 37,3 considera que la solución pasa por un acuerdo entre el Gobierno y la oposición y el tercio restante -32,9- opina que es un problema que solo puede resolverse enfrentando con mayor determinación a los grandes empresarios».
Por último, y relación al Poder Judicial, se observa que tiene un índice de confianza muy bajo, con 6 de cada 10 argentinos que «valoran negativamente su accionar».
Serrano Mansilla analizó que el sector de «ultra derecha que no cree que se haya producido un atentado contra la Vicepresidenta» es el mismo que «sí cree en el Poder Judicial».
«Hay un tercio que sí está ultra derechizado y comparte muchas posiciones, tanto ideológicas como en afinidad, con sus referentes», dijo y puso como ejemplos al diputado liberal Javier Milei y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.
De todos modos, sopesó que «eso no puede eclipsar ni obviar que existe otra parte de la ciudadanía que, con diferentes intensidades y tonalidades, tienen posiciones a favor de propuestas o iniciativas de índole progresista. Esto es relevante cuando uno caracteriza la sociedad argentina en términos políticos y por lo que pueda ocurrir en 2023 en términos electorales», cerró.