Denuncia penal por contratos eventuales en Cultura durante la gestión anterior

Se trata de funcionarios que habrían conformado la factura por la prestación de servicios eventuales para el área y a la vez certificaban que esas personas trabajan en otras dependencias del ex Ministerio de Cultura.

El secretario de Cultura, Diego Gareca, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, presentaron una denuncia penal, en la Fiscalía de Delitos Complejos, por irregularidades en prestaciones realizadas en la gestión de Francisco Pérez. Específicamente, se trata unos 40 contratos aproximadamente que fueron realizados entre 2011 al 2015 bajo la modalidad de contrato eventual (caché a artistas), para realizar en su mayoría trabajos administrativos.

Con esta medida, los funcionarios del gobernador Alfredo Cornejo solicitaron que se investigue si hubo delito y, así, establecer las responsabilidades de los funcionarios públicos que puedan resultar responsables penalmente. Es que, según explicaron, se trata de contratos que se hacían para un evento y el funcionario que le conformaba la factura, muchas veces, era el mismo que certificaba que prestaba otro servicio.

“La modalidad no es errónea, lo que es erróneo es el mecanismo que se utilizó, el contrato es legal. Para poder cobrar, estas personas contratadas, necesitaban la conformidad del funcionario”, señaló D’Agostino.

La denuncia fue presentada un día después que el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmiro Garay, anunciara que el Gobernador firmó el Decreto Nº64 que dejó sin efecto 83 designaciones y ascensos de la gestión anterior realizados de manera ilegal durante el 2015. Entre ellos se detectó personal designado sin la debida partida presupuestaria, fuera de los tiempos legales y que no concurría a su lugar de trabajo.

En el caso particular de Cultura, Gareca explicó que “se trata de contratos que caducaron el 31 de diciembre y que se encontraban en distintas dependencias de la Secretaría”. Aclaró que “los trabajadores contratados de esta manera no contaban con seguro, ART, ni obra social. Cobraban  cada tres meses. Se fijaba un monto fijo cada 30 días que se multiplicaba por tres y se percibía recién al cabo del tercer mes”. Estas personas obtenían, en promedio, 30.000 pesos cada 90 días y facturaban a través de asociaciones”.

D’Agostino dio como ejemplo que lo que sucedió el Le Parc: “Les hacían este tipo de contrataciones eventuales y el mismo funcionario que conformaba la factura, acreditaba con su firma que estaban cumpliendo funciones como secretarios en algún otro sector”.

“Necesitamos que de alguna manera, en la Provincia de Mendoza, aquellos funcionarios que no han obrado de la mejor manera respondan ante la Justicia por los actos realizados”, comunicó Gareca, quien consideró a la presentación de la denuncia como un “hecho bastante significativo en materia cultural. No sé si hay otro antecedente sobre esta situación. Para el mundo de la cultura de Mendoza esta situación se vive con mucho dolor, teniendo en cuenta que es el ex Ministerio de Cultura uno de los organismos donde se han encontrado bastantes irregularidades”.

Además, Gareca hizo referencia a la deuda que la anterior gestión dejó a la hora de iniciar el proceso licitatorio con Vendimia. “Estamos hablando de cifras muy elevadas con proveedores, que gestionaban armados de escenario, luces, sonido. Hay deudas con agencias, proveedores, artistas locales y escritores. Estamos  sobre cada caso puntual investigando”.