En la resolución en la que ordenó la detención del ex funcionario kirchnerista, el juez sostuvo que «los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real», lo que “hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas”.

La adquisición, realizada en el marco del llamado «Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional» demandó una erogación de algo más de 100 millones de euros, pero dado el pésimo estado de vagones y locomotoras destinados al ramal Belgrano Cargas «no sirvieron ni siquiera como repuestos», añadió Ercolini.

El magistrado, que le tomará indagatoria el lunes, invocó el peligro de fuga de Jaime a raíz de su «capacidad de relaciones residual para la facilitación de vías de transporte para eludir la acción de la justicia», así como su situación judicial, ya que ya tiene tres condenas, aunque ninguna firme.

También ordenó la detención de su ex asesor ad honorem Manuel Vázquez, vinculado a una consultora española que recomendó la compra, para indagarlo en la misma causa.

Además llamó a cumplimentar el mismo trámite, aunque sin detenerlos pero con prohibición para salir del país, al sucesor de Jaime en el cargo, Juan Pablo Schiavi, quien será indagado el viernes 8, y a Ignacio Soba Rojoy y Ricardo Testuri.

El primero se desempeñaba como presidente de la empresa Caesa, que según la resolución cobró “altas comisiones” en concepto de honorarios para la prestación de servicios de asistencia técnica en relación al material ferroviario adquirido a España y Portugal por lo que “cabe sospechar, determinó la dirección de sus intervenciones en las conductas descriptas», sostuvo el juez.

Jaime, sobre quien pesan ya dos condenas por delitos de corrupción, se entregó a media mañana en la sede de la Policía Federal del barrio Alta Córdoba, en la capital mediterránea, desde donde comenzó su traslado poco después hacia la Capital.

Poco antes de hacerlo, en declaraciones a un canal de TV, calificó de «innecesaria» su detención alegando que “ni siquiera” había sido indagado en causa, y consideró que su abogados harán “las presentaciones que tengan que hacer».

La orden judicial incluyó la instrucción para que ambos detenidos sean alojados en la Unidad Especial Investigaciones y Procedimientos Judiciales «Buenos Aires» de Gendarmería Nacional, vecina a los tribunales de Comodoro Py.

Desde allí serán trasladados el lunes a primera hora al cuarto piso del edificio judicial, donde está el despacho de Ercolini, quien fijó la audiencia a las 10.

La decisión judicial tuvo rápida repercusión política ya que la diputada oficialista Lilita Carrió proclamó que “es un día muy feliz» porque “este es el camino de la República”, y tras elogiar la “honestidad” de Ercolini, vaticinó las detenciones del ex jefe gabinete, Aníbal Fernández, y del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

A su vez, el ex auditor general de la Nación, Leandro Despouy, consideró «indudable» que las responsabilidades en los casos de corrupción en esa materia llegan a las «máximas autoridades» del anterior gobierno nacional.

Tras cumplir el trámite tribunalicio, Ercolini podría liberarlos o procesarlos y eventualmente mantenerlo detenidos si considera que persiste el peligro de elusión u obstaculización de la justicia.

Jaime y Schiavi fueron condenados condenados en diciembre pasado en el juicio por las tragedia ferroviaria de Once a 9 y 6 años de prisión, respectivamente, por los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional” por el pago de subsidios estatales a la ex concesionaria TBA y la simultánea falta de mantenimiento de trenes del ferrocarril Sarmiento.

En el caso de Jaime, el tribunal oral unificó su pena de cinco años con otra anterior por recibir pasajes de regalo del empresario Sergio Cirigiliano, a quien debía controlar con titular de una concesión de servicios públicos.

En su orden de detención, Ercolini se refirió a la «gran significancia económica y de corrupción» de las maniobra investigadas dado que Jaime, en su carácter de titular de la Secretaría de Transporte de la Nación fue quien firmó los contrato como parte de convenios internacionales autorizados por Poder Ejecutivo.

Las compras a la española Renfe fueron por 76.313.108,85 euros (306.108.878,86 pesos al cambio de entonces) y con la portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses por un total de 25.639.896 euros (99.976.197,74 pesos).