Diputados se encamina a aprobar el proyecto de normalización de la deuda

La Cámara de Diputados se encaminaba a votar de manera positiva en horas de la madrugada del miércoles -con el apoyo de los legisladores del oficialismo, del Frente Renovador y del bloque Justicialista- el proyecto de normalización de la deuda, que contempla la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y la autorización para emitir deuda por 12.000 millones de dólares para terminar de cerrar el litigio que el país mantiene con los fondos buitre.

En su primera sesión del año, la Cámara baja se aprestaba a votar esta iniciativa con el respaldo de más de 150 votos aportados por el interbloque Cambiemos, el Frente Renovador, el bloque Justicialista, el Frente Cívico de Santiago del Estero, el Bloque Social Cristiano, Compromiso Federal y un sector del Frente Amplio Progresista.

Junto con el oficialismo votará el diputado Julio Raffo, que tiene un bloque unipersonal, y a los que se sumarían al menos cuatro legisladores más del Frente para la Victoria: tres que responden al ex mandatario misionero Maurice Closs y el cordobés Ramón Bernabey.

En tanto, el proyecto será rechazado por los legisladores del Frente para la Victoria, fuerza que pasó a ser la principal oposición y que se presentó en el recinto con banderas celestes y blancas en sus bancas y con el lema «Patria o Buitres». También votarán de manera negativa los diputados del Frente de Trabajadores de Izquierda y de Libres del Sur.

La sesión -que comenzó en horas del mediodía- se realizó mientras en los alrededores del Congreso organizaciones sociales y políticas pertenecientes al kirchnerismo y fuerzas de izquierda realizaron una marcha para protestar en contra el proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y autoriza endeudamiento para pagar a los fondos buitre.

El texto del proyecto -que se votaría alrededor de las cuatro de la madrugada- reflejará nuevas reformas acordadas durante la víspera y que esta noche se encargaban de pulir en el despacho del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, en especial aquellos artículos referidos a los condiciones para realizar los pagos.

Durante la tarde, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvo en el Congreso siguiendo de cerca el debate que es considerado «central» para el gobierno de Mauricio Macri para cerrar el litigio judicial con los fondos buitres, y así poder acceder al financiamiento externo.

Monzó controló de cerca casi toda la sesión desde que se inició a las 12.20 y solo dejó a cargo de la deliberación al vicepresidente José Luis Gioja, para reunirse con Frigerio y observar la redacción de las reformas introducidas al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Ayer el oficialismo acordó con el Frente Renovador y el bloque Justicialista reformas al dictamen de mayoría que ya había tenido sustanciales modificaciones para limitar el endeudamiento solo al pago de los fondos buitre, así como el tope a las comisiones que podrán cobrar los bancos que participen de la operación.

Uno de los cambios sustanciales fue poner un tope al endeudamiento que se fijará en 12.000 millones dólares -la idea original daba cuenta de un monto establecido en 15.000 millones; que sólo se cancelarán las deudas cuando haya sentencia firme y que los tenedores de estos bonos no puedan realizar nuevos litigios contra la Argentina.

También se contempló la obligación de que los nuevos bonos sean emitidos con las cláusulas de acción colectiva para cubrir al país de nuevas demandas.
La sesión se abrió a las 12.20 con la presencia de 147 diputados, cantidad que ya ponía de manifiesto el respaldo que cosechado por el oficialismo para impulsar el proyecto.

La primera prueba de fuego se dio unos minutos después, cuando el kirchnerismo quiso que se suspenda la votación y que se convoque a una consulta popular, moción que cosechó 165 votos en contra y 84 a favor.

El debate fue abierto por el diputado del Pro y presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, quien dijo que el Congreso «tiene en sus manos una decisión trascendente para los argentinos que puede poner fin a una saga que llevó a una situación insólita al país” y puso de relieve que Argentina consumió “unos 55.000 millones en pago a acreedores externos y hoy mantiene la casi totalidad de la deuda».

Al fundamentar el dictamen de mayoría, Laspina sostuvo que “no es cuestión de buscar culpables en el pasado sino buscar soluciones” y aseguró que el gobierno de Mauricio Macri “no vino para sacarse de encima las responsabilidades sino a traer soluciones”.

Desde la oposición, el diputado nacional kirchnerista y ex ministro de Economía Axel Kicillof, aseguró que votar el proyecto de acuerdo con los holdouts impulsado por el oficialismo es «una rendición incondicional ante los fondos buitres» y volvió alertar sobre la posibilidad de nuevos litigios de los bonistas que ingresaron en los canjes 2005 y 2010.

Uno de los momentos más álgidos fue cuando habló el diputado del bloque Justicialista Diego Bossio, cuyas palabras fueron recibidas con silbidos de parte de algunos de sus ex compañeros kirchneristas. El ex titular de la Anses dijo que «hay que darle las herramientas al gobierno» y señaló que los intereses del país deben estar por encima «de la confrontación y de la especulación política».

A su turno, el massista Marco Lavagna sostuvo hoy que el gobierno nacional debió realizar «una negociación a las apuradas» con los fondos buitre, porque el país «fue derrotado en los tribunales de Estados Unidos», al tiempo que pidió que en el futuro no se vuelvan a «cometer los errores del pasado».

En tanto, el diputado del Partido Obrero, Néstor Pitrola, explicitó esta tarde su oposición al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que busca resolver el tema fondos buitre, al advertir que si el Parlamento aprueba el acuerdo «pasará a la historia como el Congreso de la entrega nacional».

También rechazó el proyecto el diputado del Partido Solidario Carlos Heller, quien aseguró que la propuesta del Poder Ejecutivo para acordar con los fondos buitre «es francamente inaceptable» y volvió a reiterar que los bonistas que no ingresaron se le debe abonar el mismo valor que se le pagó a aquellos que entraron en los canjes del 2005 y 2010.

El Interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP) no logró consensuar una propuesta única entre sus integrantes y eso determinó que las diputadas del GEN y del socialismo, Margarita Stolbizer y Alicia Ciciliani, se pronunciarán a favor del proyecto que impulsa el oficialismo, mientras que la legisladora de Libres del Sur, Victoria Donda, anticipó su rechazo al acuerdo alcanzado con los holdouts.