El 10% de porteños vive en villas

Más de 275.000 personas viven en villas en la Capital Federal, lo que representa un 10% de la población total. Si bien existen al menos cinco leyes que proponen la urbanización de los barrios carenciados porteños, ninguna de ellas avanzó y en los últimos 10 años apenas se abrieron algunas calles. La principal razón: sólo se destina el 3% del Presupuesto porteño en función de la vivienda.

Según los datos relevados por la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Corti, la población de villas aumentó casi un 200% en los últimos 10 años, producto de la falta de regulación. Pero un dato que llama la atención es que la superficie de 260 hectáreas se mantuvo casi invariable y eso se explica por la construcción en altura ante la demanda creciente de inquilinos que buscan piezas. Surge así un nuevo fenómeno de inquilinos informales, que según estadísticas de la Defensoría representan el 40% de los habitantes de asentamientos de la Capital. Y es justamente esta población la más vulnerable porque está expuesta a desalojos violentos en cualquier momento, hecho que se da cada vez con más frecuencia por la falta de contratos y de legalidad en las rentas y en las construcciones.

Pocos parecen conocer las leyes que buscan urbanizar las zonas más carenciadas de la Capital. De hecho, en la Constitución de la Ciudad de 1996 quedó explícito el derecho a la vivienda y al hábitat. Sólo dos años después se sancionó la Ley 148 de «Atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las villas y núcleos habitacionales transitorios», pero ante el fracaso de la ley, las distintas villas fueron buscando la aprobación de normativas particulares para lograr ser urbanizadas.

Así, por ejemplo, en 2000 se aprobó la Ley 403 que crea el Programa de Planeamiento y Gestión Participativo de la Villa 1-11-14, donde viven más de 50 mil personas, para ejecutar el Plan Integral de Urbanización. La comisión que debía comenzar a tratar el tema nunca se reunió y 15 años después no se abrió ni una sola calle en la zona.

La Villa 20 también tuvo su ley de urbanización (la 1770), en una sesión de 2005, pero sigue en la misma situación precaria que antes, con cableado colgando que convierte al asentamiento en un verdadera amenaza para la seguridad de sus habitantes. El barrio Ramón Carrillo logró su propia ley en 2004 se trata de la 1770, que por ahora es solo un número. La Ley preveía un censo para luego construir viviendas en la zona y equipamiento comercial, nada de eso se llevó acabo.

A la lista se suma la villa 21 y 24 que logró obtener su ley en 2005, en donde se buscaba la pavimentación del barrio, una red de cloacas y un mejoramiento de los espacios al aire libre entre los puntos más salientes. Y la más reciente en obtener su propia ley fue la villa 31 y 31 bis de Retiro que crece a pasos agigantados en donde se calcula que viven hoy unas 40 mil personas. Se trata de la normativa 3343, a través de esta se dotaría de servicios básicos, infraestructura e identidad al barrio, algo que nunca ocurrió.

Si bien la situación preocupa en la Capital Federal, se refleja también en las principales urbes del país. En Rosario 155.000 habitantes, lo que representa el 13% de la población, ocupan parcelas que no son de su propiedad en al menos 91 asentamientos. En Córdoba 360.205 hogares de la provincia (35% del total de las viviendas) enfrentan problemas de tenencia. La Defensoría concluye que «la ilegalidad fue y es forzada por el Estado ante la falta de regulación de un mercado que impide a los sectores populares alternativas de acceso a la tierra».