El CELS cuestionó la emergencia en seguridad

EL CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES DIFUNDIÓ UN COMUNICADO EN EL QUE REFERENTES DE LA POLÍTICA, LA CULTURA Y LA JUSTICIA CUESTIONARON LA DECLARACIÓN DE LA «EMERGENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA» DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL Y SOSTUVIERON QUE SE TRATA DE UN ANUNCIO «EFECTISTA PERO INEFICAZ, CON EL AGRAVANTE DE QUE EN ESTA OPORTUNIDAD LA ESCALADA PUNITIVA LLEGA A HABILITAR UNA PENA DE MUERTE ENCUBIERTA».

La declaración fue promovida el Grupo coordinador Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia en el que confluyen León Arslanian, Horacio Verbitsky, Beatriz Sarlo, Nilda Garré, Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Taiana, Eduardo Valdes, Hermes Binner, Rafael Gentili, Leonardo Grosso, Dante Caputo, Gabriel Puricelli, Juan Manuel Abal Medina, Nito Artaza, Paula Alicia Ciciliani, Juan Pablo Cafiero, Roberto Gargarella, Felipe Solá, Martín Becerra, Eduardo Rinesi y Pablo Alabarces, entre otros.

Explicaron que el decreto contiene «un enfoque que considera que el narcotráfico es ‘la principal amenaza a la seguridad de los argentinos’ y lo transforma en la explicación de los problemas relacionados con el delito y la violencia», y consideraron que «así se intenta justificar que para detener el ingreso de drogas declaradas ilegales al territorio nacional es necesario un estado de emergencia que habilita medidas excepcionales».

«Sin tener ningún diagnóstico, la emergencia hace foco en la frontera norte como causa principal de los problemas del narcotráfico y decide concentrar allí los recursos con un enfoque de corte militarista», destacaron, tras lo cual advirtieron que «ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad».

A su vez, resaltaron que «las FF.AA. no se limitarían ahora a controlar el espacio aéreo sino que también tendrán la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades políticas para hacerlo».

«Esa medida es inconstitucional desde el momento en que constituye una pena de muerte sumaria encubierta, en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional», sostuvieron.

«La declaración de emergencia se presenta como una estrategia unilateral e ineficaz que tiene más de impacto comunicacional que de política consensuada, técnicamente eficaz, sustentable en el tiempo y evaluable por sus resultados», subrayaron.