El fiscal imputó a otros exfuncionarios por la denuncia de Nisman contra Cristina
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió investigar a exfuncionarios que no figuraban en la denuncia del fallecido extitular de la Unidad AMIA, Alberto Nisman, por el presunto encubrimiento en la causa que investiga el atentado a la AMIA en 1994, a la par que solicitó una veintena de medidas de prueba.
El fiscal imputó al exdirector de la AFI Oscar Parrilli y al exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini. Lo mismo hizo con el exministro de Planificación Julio De Vido y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona.
La presentación fue hecha ante el juez Ariel Lijo, a quien además le reclamó un entrecruzamiento de los teléfonos de todos los imputados e informes a Cancillería sobre las negociaciones llevadas a cabo por el luego frustrado Memorándum de Entendimiento con Irán por la causa AMIA.
En la causa ya estaban imputados la expresidente Cristina de Kirchner, el excanciller Héctor Timerman, el diputado Andrés «Cuervo» Larroque, el dirigente social Luis D’Elía, el líder de Quebracho, Fernando Esteche y Jorge Khalil, allegado a la embajada iraní.
Además, en un dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal ordenó 31 medidas de prueba en la causa, entre ellas entrecruzamiento de llamados entre la ex Presidenta y todos los imputados del caso, desde enero de 2011 a diciembre de 2015.
El fiscal también requirió los registros de visitas a la Casa de Gobierno y a la quinta presidencial de Olivos en todos sus accesos entre 2011 y 2015, y, además, que se le informe sobre los ingresos a ambos lugares, sede de la actividad de la ex Presidenta, de los demás imputados según el dictamen de 12 carillas.
Según explicaron a Télam fuentes judiciales, la decisión de incluirlos en la investigación pese a que Nisman no los denunció, se tomó tras acceder a las escuchas ordenadas en el marco de la causa por la investigación del ataque a la AMIA y determinar que los cuatro aparecen nombrados en reiteradas ocasiones y bajo distintas circunstancias vinculadas a la investigación.
Entre la batería de medidas de prueba dispuestas por Pollicita -en quien Lijo delegó la investigación- figuran pedidos a las compañías telefónicas sobre los números registrados por los investigados desde el 1 de enero de 2011 al presente y, una vez recibida la información, se dispuso «el cruce de los abonados telefónicos con miras a determinar la existencia de conexiones telefónicas y su frecuencia».
